Desde Red Viva, junto a Organizaciones y activistas independientes presentaron un pedido, en la Constituyente de la provincia de La Rioja, para que se forme una Comisión investigadora ante un plan sistemático de violación de los derechos humanos hacia mujeres y niñxs en Argentina, que se ejerce desde la OVD de la Corte Suprema hasta los organismos que intervienen en Niñez. La iniciativa se plantea para replicar en todas las provincias como estrategia Federal y no hacia el gobierno nacional por su postura negacionista. Al final de la nota la entrevista a Sara Barni con fuertes declaraciones.
La provincia de La Rioja está trabajando en una Reforma Constitucional lo que permite a agentes de la sociedad civil presentar proyectos, como en este caso, con injerencia en Derechos Humanos. La Asociación civil “Red de Víctimas de Violencia y Abuso Sexual en las Infancias” (Red Viva), junto a Cristina Lobaiza Estrada, activista independiente, Enrique Stola, médico Psiquiatra y activista, y una víctima de violencia institucional de La Rioja; presentaron un proyecto sobre Violencia Vicaria con el objetivo de “Proteger a las madres e infancias de los constantes abusos del sistema judicial ya que les arrancan a sus hijos e hijas con falsas denuncias y se los entregan a los progenitores denunciados por violencia. Se patologiza a las madres en un sistema perverso que las persigue y envuelve en un laberinto. Encima después tienen que demostrar que son perseguidas por jueces y juezas que escriben con código de autor. Desde la OVD de la Corte Suprema siguen una bajada de línea que termina con las mujeres adoctrinadas y silenciadas”- denuncia Sara Barni, abogada y presidenta de Red Viva. La presentación del proyecto también estuvo acompañada por algunas abuelas y madres protectoras de casos emblemáticos de la provincia.
“El estado Argentino está violando los derechos humanos de mujeres, madres protectoras. Las veo luchando y me hacen acordar a las Madres de Plaza de Mayo cuando venían los periodistas del extranjero y les pedían que las escucharan como última oportunidad” – confiesa la letrada.
La presentación del proyecto para investigar estas violaciones y faltas del Estado Argentino se realizó ante legisladores de todos los espacios políticos que hoy son Constituyentes de la Comisión de DDHH de la Provincia de La Rioja.
El pedido formal apunta a la conformación de una Comisión investigadora sobre Derechos Humanos, tal y como se creó en 1983 la Conadep. “Porque están siendo vulnerados los Derechos Humanos en todo el territorio nacional de forma sistemática y ello se encuentra documentado- remarca Barni. Para demostrarlo se presentaron testimonios y expedientes de casos de madres protectoras donde el eje en común es el “secuestro” de hijos e hijas, en procedimientos totalmente fuera de derecho, con el mismo modo ilegal de operar en distintas provincias. Son operativos que se repiten y llaman la atención por la modalidad y el recrudecimiento en los últimos meses, con participación de organismos estatales.
Lobaiza y Barni, en sus redes sociales, los llaman “El arrancamiento” en referencia a procedimientos donde, a pesar de las denuncias contra los progenitores y del relato de esos niños/as, el juez o jueza impone lo solicitado por el progenitor y les “arranca” los/as hijos/as a la madre protectora. Para mostrar la gravedad de estos hechos las activistas publican videos que pudieron grabar del momento donde la policía se presenta en el domicilio de una madre a llevarse a sus hijxs.
El caso “EME”
“Eme” es extranjera, se casó con un argentino y tuvieron 2 hijos. El último nació en 2015 y fue un momento bisagra para Eme que ya venía sufriendo violencias pero las naturalizaba. Lejos de su país y de su familia comenzó a darse cuenta que tenía derecho a vivir en paz y no soportar más insultos, malos tratos, gritos, empujones, que le tiren el celular a la cara y hasta la obliguen a tener sexo "porque era su obligación". Así lo relata, como un proceso donde, recién con el nacimiento de su segundo hijo, comenzó a darse cuenta y desnaturalizar. Decide separarse pensando que podría tener paz pero, como en la mayoría de los casos, el violento no cesó sino que intensificó su violencia y persecución. Eme comienza a recurrir a la Comisaría para denunciar, con un bebé en brazos y otro hijo pequeño, pero no le tomaban las denuncias y le decían: “No te podemos poner una perimetral porque no tienes familia y el padre tiene derecho a verlos”. El ex tenía llaves de la casa, ingresaba a cualquier hora alcoholizado y drogado, la amenazaba y violaba, con los niños en la habitación contigua. La amenaza que la inundó de terror fue cuando le dijo: “Te voy a sacar a los nenes y no los vas a volver a ver". Eme denunció esto también, en el Juzgado nº 2 de San Martín (Buenos Aires) pero no tenía recursos para contratar un/a abogado/a, entonces viéndose acorralada y sola, intentó llegar a un acuerdo de palabra respecto al régimen de visitas y cuidados. Un 21 de febrero de 2018 el hombre se llevó los hijos y nunca los regresó.
A partir de allí, lo que siguió para Eme fue un calvario. En las comisarías no le querían tomar las denuncias entonces sintiéndose desesperada, por ver a sus pequeños de 5 y 2 años en ese entonces, firma un “acuerdo” forzado bajo presión de él y recomendaciones de un “Defensor de Niños”. “O firmás este acuerdo o no les ves más”- le dijeron y eso hizo para volver a compartir algunos días con sus hijos, que habían sido mudados de barrio y escuela por el “padre” y cuando estaban con ella le suplicaban quedarse. Así vivió todos estos años, desde la pandemia.
Eme se describe como “acostumbrada a la violencia y sin ver otra salida” hasta que, hace un año, su hijo más grande le habla “de ideas suicidas porque no le gustaba estar con el padre, porque les pega y los manda a dormir sin comer”- entre algunas de las violencias que relatan. Eme intentó hablar con el progenitor, con el colegio y buscó una terapeuta. Nadie hacía nada hasta que, hace poco más de un mes conoce a Sara Barni y se anima a denunciar, incluso por pedido de sus hijos, “que estaban contentos cuando supieron que los iban a escuchar”- relata a esta redacción, entre lágrimas y angustia por revivir todo y contar que nuevamente no ocurrió. “Desgraciadamente no fue así, yo les había dicho a mis nenes que los iban a escuchar, que iban a poder expresar todo, decir lo que sentían sin miedos, pero tuvieron la audiencia y cuando salió mi primer nene sentí su carita desdibujada, nos hicieron entrar con mi abogada y me gritaron, me juzgaron, no les creyeron. Al volver a casa mi hijo más pequeño se largó a llorar suplicándome que no los lleve con el papá, que no lo habían escuchado ni dejado hablar, que le preguntaban cosas que no tenían nada que ver con lo que él sentía. Y mi nene más grande me contó que el Defensor de Niños le hizo la seña de un cierre en la boca. En ese momento entendí que nos querían separar. Vinieron a mi casa y lo hicieron. Gracias a que tengo a Sara Barni ahora, quien cree en nosotros, es que sigo aun en pie.”- manifiesta esta madre que sigue en lucha actualmente, acompañada por Red Viva y Cristina Lobaiza Estrada como acompañante protectora. (*)
Ver video: El arrancamiento de los hijos de EME==
Mientras esperaban la audiencia para “ser escuchados” los hijos de EME dibujaban.
El caso “Lili”: Buscar justicia estudiando Abogacía
“Lili” es madre con discapacidad corporal, producto de tantas violencias vividas. Tiene dos hijos menores con discapacidades y espectro autista. Hace años que los cuida y mantiene sola, con ayuda de una acompañante terapéutica algunas horas que logra pagar por la obra social. El padre de los chicos está ausente y tiene una cuota alimentaria, estipulada por juzgado, de 15 mil pesos aunque su nivel de ingresos y de vida es bueno porque es empresario. El departamento donde vive Lili con los hijos es pequeño, sin lujos y con pocos muebles por seguridad de los chicos, queda en el centro de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en una zona comercial. Los chicos no pueden estar solos nunca, se ponen en riesgo. Uno de los nenes llegó a subirse a una ventana a riesgo de caer, la atención hacia ellos tiene que ser constante lo que vuelve el cuidado muy estresante. Lili es docente y no gana lo suficiente, hace malabares. El 30 de diciembre la citan, con sus hijos, a presentarse en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA. Una vez allí, les retienen los DNI y el CUD (Certificado Único de Discapacidad) hasta que interviene una abogada amiga de Lili y logra que les restituyan los documentos. La citan nuevamente el jueves 4 de enero de 2024 a las 18 horas, diciéndole que es “para cerrar el tema, sin necesidad de judicializar”. Lili se presenta sin entender mucho qué estaba pasando pero con la idea de no mostrar rebeldía, y alrededor de las 20 horas la separan de sus hijos.
En un operativo forzoso y que la deja atónita, se llevan a sus hijos, así de golpe, se los arrancan. Lili recurre al grupo de madres activistas Monomarentales Argentina, comienza un recorrido que durará más de un mes, donde no le informan ni donde llevaron a sus hijos ni como están. Nada. Tampoco le muestran denuncias en su contra, la mandan de una oficina a otra, de un órgano estatal a otro, pero las denuncias contra ella no aparecen, sus hijos tampoco. Hasta que logra dar con Sara Barni.
La abogada, presidenta de Red Viva, toma el caso como tantos otros y lo lleva judicialmente en la actualidad. El de Lili es uno de los tantos casos de arrancamiento con similares características, procedimiento ilegal, hijos arrancados de golpe y llevados con el “padre”, donde no constan denuncias de ningún tipo contra la madre, hecho reconocido por escrito incluso por parte del Juzgado interviniente ante la denuncia de Red viva contra el proceder del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). A pesar de todo, la criminalizan y alejan de sus hijxs.
A 6 meses del arrancamiento, la lucha por recuperar a sus hijos hizo que Lili comenzara a estudiar Abogacía. Sigue sin ver a sus hijos ni tener contacto. (*)
El gobierno de Milei es agravante
“Queremos denunciar el grave ataque a los derechos y garantías constitucionales que las víctimas de Violencia y Abuso Sexual están sufriendo a manos de algunos Jueces y Juezas tanto en el Fuero Civil como en Penal, así como de parte de Fiscales, Asesores de Menores, Órganos Administrativos y Operadores Judiciales.”- declaran en un manifiesto que además cuenta con firmas y adhesiones. Los firmantes del reclamo son las profesionales ya mencionadas junto con el Doctor Enrique Stola, la Licenciada María Elena Naddeo, las Doctoras María Eugenia Sansone, Julieta Porceli y la Psiquiatra Silvina Rivilli.
Este grupo de profesionales expertos/as acompañan y asisten casos de Madres Protectoras, por lo que su experiencia tiene peso en el análisis y criterio de la realidad que están denunciando, además de las pruebas del proceso. Si bien manifiestan que ya venían trabajando arduamente en esta problemática en Argentina, consideran que desde que asumió el gobierno de Milei con toda su postura anti –derechos y negacionista, vienen siendo testigos de un “brutal agravamiento del estado de cosas”. Mencionan como uno de esos factores, el desmantelamiento de los organismos y políticas de Estado como el INADI, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades y tantos programas que resultaban “herramientas que cumplían una importante función de contención, surgida fundamentalmente de las Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”.
Estos últimos días, el secuestro de Loan, el niño correntino de 5 años y el aumento de casos de búsqueda de menores en todo el territorio nacional, ponen en evidencia la falta de protección a niños/ niñas y el agravamiento por el cierre de las políticas públicas entorno a la prevención con equipos de profesionales con muchos años de experiencia, como es el caso de los más de 30 despidos del Comité contra la Trata. “El Comité por Ley es un organismo interministerial que siempre debió permanecer en la órbita de Jefatura de Gabinete. Lo pasaron al Ministerio de Seguridad cuando nos echaron. Las víctimas en bandeja y en la boca del lobo”. – Declara Patricia Gordon, ex integrante del equipo despedido del Comité de Trata en esta nota de MDP YA
Respecto al poder judicial, desde REDVIVA denuncian violencia institucional e incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional para erradicar las violencias hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. Lo acusan de profundizar las desigualdades de poder, con resoluciones arbitrarias, contrarias a derecho, subsumiendo a las víctimas a un estado de desamparo Estatal alarmante. Así lo expresan en el documento: “…aunque hay honrosas excepciones; hoy vemos con extrema preocupación y alarma… que cada vez son más los Juzgados que han derogado de facto la Constitución Nacional y dejan a las víctimas y a quien no pueda tener patrocinio letrado privado, sin ningún recurso efectivo que sea respondido por dichos Juzgados. Ni hablar de las miles y miles que no pueden recurrir a un patrocinio letrado y debe pasar por una picadora de carne, ella y sus hijos e hijas solas.”
Documento: CIMUC COMISION DE INVESTIGACION DE MUJERES CRIMINALIZADAS EN LA PROV DE LA RIOJA.
“Secuestro ilegal de niñxs, por parte de jueces y juezas”- Red Viva
Desde la carta publicada, la Asociación y las/ los profesionales firmantes, manifiestan que cuentan en su poder con registros de denuncias cursadas a organismos administrativos que, sin ningún tipo de control de legalidad, contrario a la ley, cometen privaciones ilegítimas de la libertad sobre niños, niñas y sus madres protectoras; incumpliendo la ley, llegando a hacer reversiones de tenencias y “secuestrando” a estas niñas y niños.
Red viva puede además presentarse ejerciendo el rol de “Acompañante Protectora” previsto por el Artículo 25 de la Ley 26.485; como lo hacen Verónica Quiroga y Sara Barni desde dicha Red o como lo hace Cristina Lobaiza Estrada, como activista independiente.
Es una figura legal a la que recurre la Asociación para acompañar en pedidos desesperados de madres protectoras y sus abogadas/os ante la presencia de vulneraciones del derecho en el proceso. La figura del art 25 sin embargo, es a pedido de las víctimas y no necesita autorización, pero para registro de las víctimas se presenta un pedido formal, al solo efecto de que quede registro de quienes cumplen con la ley y quienes no. En línea con lo expuesto, desde la Asociación entonces revelan que “Los escritos pueden estar semanas o meses presentados sin que se los ingresen, aunque se denuncian atrocidades que están padeciendo los y las niñas. Los “pronto despacho” pasan a ser una mera nota en la que los Jueces y las Juezas responden con una nota —entre la ironía y la franca crueldad— de “Téngase presente para su oportunidad” o un “Estese”. Asimismo exponen quejueces y juezas “En otras ocasiones optan por “no expedirse”, dejando sin respuesta ni protección a las víctimas en estado de desidia. También denuncian que hay operadores judiciales que obstaculizan el acceso a los expedientes tanto a las madres como a sus representantes legales. La gravedad de estos hechos los convierte así en el brazo ejecutor de violentos y abusadores.
“Porque estamos ante una caza de brujas dirigida hacia un sector en extremo vulnerado, empobrecido, en donde un violento y/o abusador solo tiene que decir que la mujer está loca, o que es negligente, o le basta con el solo hecho de sembrar la duda del abuso sexual al que hayan podido exponer a los y a las hijas. No hace falta nada más para —literalmente, en operativos policiales— arrancárselos.”- remarcan.
La Asociación se encuentra en un momento donde se ve forzada a denunciar a jueces, juezas, asesores y operadores, como consecuencia de todo lo expuesto, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, situación que no es ni agradable ni cómoda pero que resulta inevitable ante los hechos.
“Lo que ocurre no lo hacen solo en los Tribunales Nacionales. Estamos observando que esta conducta es sistemática, está planificada a lo largo y a lo ancho de todo el país. Contamos con documentación respaldatoria, números de expedientes, causas penales en donde estamos denunciado estas irregularidades y son calcadas, desde Nación, la Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Chubut y cada provincia del País donde nos hemos presentado como Acompañantes Protectoras como mera formalidad y nos rechazan, bloqueando así el derecho que tienen tanto las mujeres como los niños, niñas y adolescentes a presentarse en cualquier instancia con una persona de su confianza. Madres y Niños, Niñas, se encuentran hoy en Argentina con sus derechos humanos en plena vulneración y ataque por parte de esta porción del poder judicial que ignora la ley y escribe sus propias leyes.” – aseguran desde Red Viva.
Entrevista a Sara Barni: “Son prácticas de la Dictadura. La Corte Suprema silencia a las mujeres”
“El NuncaMás hace que ya no pase lo que pasó en Dictadura, yo misma salgo a la calle a reivindicarlo, pero acá estamos con las mismas prácticas de la Dictadura hacia las infancias, solo que lograron sistematizarlas y que se ejerzan a través de un proceso que aparenta ser legal. Se llevan a los pibes. Así como quedó registrado en el video que mostramos con Lobaiza. Ahora hacen secuestros institucionales. Y a las madres las criminalizan sin motivos, como el caso de Lili a quien después de arrancarle los hijos, le pusieron una medida cautelar de prohibición de acercamiento ¡pero no está denunciada por nada! ¿Cómo le sacan los hijos y le ponen una perimetral? La medida cautelar debe ser para protección de la víctima contra el denunciado. Acá tenemos certificado que extiende el propio juez donde dice que Lili no está ni siquiera denunciada. Esto es porque sí, nadie quiere meterse.
- ¿Hay un condimento extra con el gobierno de Milei?
Por supuesto, teníamos organismos que trabajaban por erradicar las violencias, ahora los violentos están liberados. No hay nadie que los esté mirando y el Gran Hermano sirve en este caso. El Estado sirve para controlar, prevenir, o concientizar al menos. Ahora estamos solas. Por eso grabamos con nuestra cámara cuando podemos, como el caso que publicamos del arrancamiento de EME. Yo estaba ahí ¿Sabés lo que es escuchar que los niños llaman al 102 pidiendo que no los lleven con el padre?
- ¿Ese padre estaba denunciado por violencia hacia los hijos?
Si, exactamente. Había secuestrado a los dos niños, los había mudado de San Martín a Caba, ejercía violencia contra la madre, ahora contra los niños, dicho por los mismos chicos, pero no le creen a la madre y la culpan, le dicen que ella lo inventa por despechada, que lo denuncia para cortarle la comunicación al padre. Ella los está protegiendo, como con el caso Michelle donde decimos que `proteger no es delito´. Las fiscalías que deben investigar la violencia hacia los menores, en base a las denuncias, no investigan cuando son las madres las que denuncian.
- Y a pesar de todo ¿el Juez ejecutó el arrancamiento?
Así sin más, como si fueran cosas. El juez incluso mandó allanamiento al domicilio, vinieron hasta los Bomberos. Vinieron con siete policías y a los golpes, a romper la puerta, los chicos lloraban, y se los llevaron a pesar de que pedían no ir con el padre.
- ¿Es legal lo que hicieron?
No, no es legal y esa es la trampa. Se manejan con impunidad. Yo denuncié al Consejo de Derechos de NNA. Ellos deberían estar y se negaron a venir porque no quisieron involucrarse, ellos no son auxiliares de la Justicia, pero si debían estar allí para garantizar los derechos humanos de los chicos a que su voluntad fuera respetada, porque había una causa penal, que está vigente, investigando lo que sucede con ese “padre”. Por eso grabamos para mostrar que los niños no querían irse, porque después te pasa como con el acta que presentaron, donde dicen que la policía entró al edificio porque les abrió una vecina, que pasaron la orden por debajo de la puerta y que la madre abrió y entregó a los niños.
- ¿Tuviste que denunciar al Juez?
La madre es la dueña de la acción, así que ella tuvo que denunciar, yo la represento como abogada y muchas veces, los y las abogadas, no quieren hacer este tipo de denuncias por las consecuencias de la corporativización y el desprestigio que empiezan a instalar sobre vos. No solo tuvimos que hacer denuncia penal contra el Juez y contra el Asesor de Menores, por falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque lo que derivó en un allanamiento es parte de un proceso arbitrario que incumple no solo con las leyes internas del País, sino que es violatoria de todos los pactos internacionales a los que Argentina suscribe. Esto es motivo de sanciones por no colaborar a erradicar la violencia contra la mujer y niños/as.
- ¿Cómo seguís Sara, con este y cada caso?
Voy a seguir denunciando en las instancias que tengan los fueros, aunque el acoso venga por ahí, porque todo te lo rechazan con absurdos y vos haces un máster intensivo en recursos para que no se te pasen plazos, además que cada denuncia es un nuevo expediente que tenés que seguir y sostener, laboral y económicamente, todo pensado para agotarte y que no se te ocurra volver a denunciar. Pero muchas aprendimos de las madres y abuelas, así que sabemos esperar. La OVD de la Corte Suprema evidentemente, tiene una bajada de línea que termina convirtiendo a las mujeres en presas de una trampa mortal. Si no ocurre un accidente, lo voy a demostrar. Si vas a la oficina de Violencia Familiar de la Corte y denunciás violencia de género, te derivan a “contravencional”, es decir que en vez de delito a los hombres le ponen contravenciones. Tengo casos de mujeres que denunciaron “abusos sexuales” y le pusieron “Hostigamiento”.
- ¿Estás diciendo que el máximo tribunal de Justicia baja esa línea?
Si, en un sistema directo de ataque para silenciarnos y adoctrinarnos. No se entiende que una mujer vaya a denunciar privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y otros delitos graves y terminen estos hombres con “probation”. Genera la falsa sensación de que las mujeres denuncian pero a la vez, luego de cumplir las pautas establecidas en la probation, terminan absueltos. Entonces los índices de violencia parecen bajar, el trabajo para erradicar la violencia parece estar hecho y las mujeres con hijos e hijas, quedan presas y silenciadas dentro de un sistema intrusivo que les dice que, como el violento cumplió su parte, ahora ellas deben generar el vínculo con quien fuera su agresor, eso hasta la próxima vez. Lejos de erradicar la violencia, les genera un manto de impunidad total a los violentos y abusadores y destroza la vida de mujeres y niñeces.
- ¿Qué más se puede hacer, desde los medios y profesionales como vos?
Pedir investigación como hicimos ahora en la Constituyente de La Rioja, denunciar a los organismos de Derechos Humanos Internacionales y pedir a los medios del mundo que nos escuchen y publiquen. Que no cuenten con la comodidad de nuestro silencio.
- Te sentís en riesgo Sara…
Si, pero ¿Qué voy a hacer? No somos muchos luchando por los pibes, yo quiero recuperarlos. Esos pibes que ahora fueron arrancados, los del caso EME del video ¡Al otro día los mandaron al colegio! ¿Cómo no van a naturalizar la violencia? Si no los escucharon, los separaron de la madre, los obligan a estar con el padre que ellos mismos denunciaron por malos tratos y ¿al otro día los hacen ir a la escuela como si nada pasara? Los niños de Lili, con autismo, sin ninguna denuncia a la madre y los arrancan del cuidado que hace 8 años les brinda su mamá y los mandan a vivir con desconocidos que nunca estuvieron para ellos. Su mamá era el escudo humano para protegerlos de ese desconocido que hoy los “cuida” sin ningún control de legalidad. Guardá este video y esta entrevista, quien te dice un día, las necesites de prueba de lo que denuncio.
Sentencias justas
Algunas de las causas que acompaña Red Viva ya obtuvieron sentencias justas. En Mendoza lograron ganar una causa por Daños al Estado provincial, junto al Doctor Emiliano Espina Longa, por el secuestro institucional de una niña de cinco años que fue arrancada injustificadamente de los brazos de su madre.
Asimismo, en marzo de este año, se obtuvo la absolución de Michelle, una madre francesa que fue acusada de secuestrar a sus hijos cuando los estaba protegiendo en realidad. “Michelle pasó cinco años de padecimiento y tortura luego de que en Argentina le arrancaron a sus hijos y los enviaron a Francia, con un padre que los niños denunciaron por abuso sexual. Esta vez Michelle tiene una esperanza, luego de 3 jornadas en donde se expusieron las pruebas más que sobradas, que todos los nombrados por el propio juez desoyeron e incumplieron en sus deberes. Proteger no es delito”- replican desde Red viva, las activistas independientes y las organizaciones que luchan en tal sentido.
Nota eldiario.AR: Caso Michelle. Proteger no es delito
Si buscás ayuda y querés contactarlas:
*Cada caso que se relata en esta nota es real pero se preserva la identidad de las madres por pedido de la abogada, son todos casos que denuncia y acompaña Red Viva y Lobaiza Estrada como activista independiente.
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