El presidente del Banco Provincia intima al municipio de Pinamar a devolver lo robado con las tarjetas del plan contra el hambre.
Esta semana se hizo pública una carta documento que envió el mismo Presidente del Banco de la Provincia de Buenos al intendente Martín Yeza. Allí lo intima a “asumir la responsabilidad que le compete” de reintegrar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “la suma de fondos públicos involucrada que, según se denunciara en la causa penal, ascienden al presente $2.050.990 (pesos dos millones cincuenta mil novecientos noventa), expone Juan M. Cuattromo.
A los 2 millones de pesos que fueron sustraídos de las tarjetas Alimentar en Pinamar, por parte de personal municipal, se le suman intereses y otros costos que el municipio deberá pagar en concepto de devolución por la estafa, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”, cierra advirtiendo el Presidente del Banco Provincia en su carta dirigida a Yeza.
Se confirma, además, que la entidad bancaria realizó una denuncia por “Averiguación de ilícito” con fecha 4 de diciembre 2020, dato que revela que se estaban detectando irregularidades con el manejo de las tarjetas. Por otro lado, queda en evidencia también un detalle no menor. La municipalidad de Pinamar firmó un Convenio con el Banco donde se comprometía a asumir la responsabilidad de la “custodia y entrega de las tarjetas”, compromiso que incumplió, le dice el banco al intendente.
Esta estafa, producida a través de sustraer los fondos de las tarjetas destinadas a cubrir las necesidades básicas de mujeres y niños/as de Pinamar, salió a la luz el 18 de marzo de este año 2021 cuando la Policía Federal allanó las oficinas de Desarrollo Social del municipio, por una investigación que llevaba adelante la Fiscalía de Dolores, especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos. En ese operativo se detuvieron 6 personas, de las cuales una mujer fue liberada 20 días después por falta de pruebas, aunque la investigación continúa.
Luego de meses se decidió el cambio de juridicción por corresponder al ámbito federal. Hoy la causa, caratulada “Defraudación contra la administración pública” está en manos del Dr. Martín Bava del Juzgado Federal Secretaría penal de Dolores.
Hubo nuevos avances en la investigación, los cinco imputados hasta el momento siguen presos, pero estamos transitando la feria judicial hasta el día 30 de agosto inclusive, informó a esta redacción el organismo estatal de justicia.
Nos preguntamos: ¿Quién devuelve la plata? ¿Los mismos Pinamarenses?
¿Las mismas Pinamarenses que fueron robadas en un año de pandemia y con situaciones de necesidades básicas insatisfechas?
El silencio sigue reinando desde el ejecutivo.
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