Por Lorena Morena y Rodrigo Avelleira de La Conjura
La denuncia que realizó la ex pareja de Sebastián Villa esta semana despertó nuevamente las alertas sobre las políticas de género y los protocolos ante denuncias de violencia sobre los jugadores que tienen los distintos clubes de fútbol de primera división en nuestro país.
Debido a las recurrentes denuncias que se reciben en la justicia, durante el pasado mes de abril, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Secretaría de Deportes de la Nación presentaron los resultados del “Relevamiento Federal por un Deporte Igualitario” realizado en distintos clubes del país que destacó “una marcada diferencia en las instituciones en cuanto al género”.
El informe muestra que casi un 60% de los clubes, a nivel nacional, no cuenta con protocolo sobre casos de violencia de género y los que lo tienen son particularmente especiales. Por ejemplo, el Club Atlético Boca Juniors no actúa, suspende o sanciona si la denuncia no se realiza en el Club. Lo puede hacer cualquier persona, no exclusivamente la víctima o sus abogades. El Protocolo no se activa automáticamente frente a hechos de público conocimiento o denuncias en la justicia, sino que es la persona afectada, o un anónimo/a o tercero/a con consentimiento de la víctima quien debe realizar la denuncia en el club.
Leyes paralelas son las que tienen poder en Boca.
Hasta el mes de agosto de 2020, el club no estaba en la lista de los pocos que tenían un protocolo: San Lorenzo, Racing, Velez, Central, Newell’s, Banfield, Huracán y River quienes tampoco necesitan de una denuncia en el club para accionar el protocolo.
El relevamiento también arrojó que sólo el 25 % de las comisiones directivas cuenta con la mitad o más de sus integrantes femeninas. Faltan áreas de género o derechos humanos, protocolos en casos de violencia e inclusión de personas con discapacidad. El informe que publicó el Inadi indica que sólo un 37% les brinda a las mujeres un acceso total a los deportes o a la participación en las comisiones directivas, ya que menos del 25 % de los clubes cuenta con la mitad o más de sus integrantes femeninas, pero el 43% no llega ni a un tercio y el 11% directamente no tiene mujeres en su comisión.
Las capacitaciones o talleres de formación de género existentes en su mayoría (el 28%) son para directivos y entrenadores, el 17% solamente para deportistas, el 11% para socios y el 3% para empleados. El 62% de los clubes no cuenta con talleres.
Los casos de denuncias hacia jugadores crece desproporcionalmente comparados con las cifras que indica el INADI. En los últimos diez años, no sólo crecieron las denuncias ante la justicia, sino también aquellas que se realizan a través de las redes sociales. Lo que no crecieron fueron las sanciones a los acusados ya que casi ninguno, aún con sentencias firmes, ha dejado de jugar en el club.
Sebastián Villa es el caso del momento, pero ésta es su segunda denuncia.
El protocolo no fue aplicado en la primera cuando fue denunciado por su pareja por violencia de género en abril 2020. En ese momento, Boca ni siquiera contaba con uno. En mayo de 2022, es nuevamente acusado de violación con acceso carnal, intento de femicidio y extorción. Nada sucedió ya que la denuncia no se realizó en Boca, sino en la justicia REAL y por ende, el jugador no fue apartado del plantel. Ni siquiera se intentó no alentar su condición de “ídolo” a pesar de que la pena que podría tener el delantero colombiano llega a 20 años de prisión.
Jonathan Cristaldo, delantero de Racing, a fines de noviembre del 2019, fue denunciado por Morella, esposa y madre de sus dos hijos, lo acusó de golpearla y arrastrarla por la casa que compartían. El club lo separó del plantel por cinco días. Luego volvió a reintegrarlo con normalidad.
Lucas Mancinelli fue denunciado por su pareja de haberla agredido físicamente, en 2020, mientras el futbolista jugaba en Patronato de Paraná. La fiscal Fernanda Ruffatti recibió una denuncia por “lesiones en contexto de violencia de género”. El club paranaense, en principio, lo separó del plantel aduciendo que tenía "un problema personal". Finalmente, con sentencia en mano, le rescindió el contrato. Hoy juega en la liga de Ecuador.
Lautaro Acosta fue denunciado en 2019 por su pareja, además de madre de su hijo por "agresiones físicas, verbales y maltrato psicológico". El futbolista que en ese momento estaba en Lanus no recibió ningún tipo de sanción por parte del club, ni tampoco de la Justicia.
Santos Borré también fue denunciado en el 2018 por violencia física sin tener ninguna sanción por parte del club River Plate.
Otros jugadores de Boca, Edwin Cardona, Frank Fabra y Wilmar Barrios fueron denunciados por tres mujeres de abuso sexual, lesiones leves y amenazas en una fiesta privada. Boca los apartó del plantel por unos días y les pagó el abogado para lograr un acuerdo extrajudicial y volver sin mayores problemas a sus compromisos contractuales.
En 2017, Andreia da Silva Marques González denunció en la Justicia de Brasil que Luis "Lucho" González, jugador en ese momento de Athletico Paranaense por intento de femicidio. No tuvo ninguna sanción por parte del club y la justicia sólo aplicó una perimetral por 90 días. En ese mismo año, Ricardo Centurión fue denunciado por violencia de género mientras era jugador de Rácing, quien no aplicó ninguna medida ante la denuncia de su pareja. Cuando llegó a Vélez, Club que creó la primera área de violencia de género en argentina en mayo del 2018, le impuso una inédita cláusula en el contrato: En caso de que el jugador no se comporte acorde a los lineamientos del estatuto social del club y al protocolo de violencia de género será sancionado con la rescisión del contrato.
En 2016, Agustín Rossi era arquero en Defensa y Justicia. Su novia lo denunció ante la justicia y en las redes sociales por violencia de género. Relató que el futbolista la golpeó -mostró las lesiones que Rossi le propinó- y la amenazó en reiteradas ocasiones. En 2019, casi cuando su pase estaba listo en el Minnesota United, un grupo de hinchas de dicho club protestó con firmeza para que el equipo de Mineápolis no lo contratara por sus problemas con la violencia de género. Su pase quedó en la nada.
En 2014, Alexis Zárate, ex Independiente, abusó sexualmente de Giuliana Peralta, por entonces la novia de Martín Benítez, compañero del mismo club. Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado y en diciembre del 2019 pasado se ratificó la condena. Zárate no está en la cárcel: únicamente no puede salir del país ya que el fiscal no pidió su detención y todavía le queda el recurso de apelar ante la Corte Suprema.
Los nombres siguen:
Eduardo Salvio fue denunciado por lesiones graves, Cristian Pavón por abuso sexual con acceso carnal y dos meses después imputados por la Justicia en 2021. Junior Benítez, también exfutbolista de Boca y actualmente sin club, fue detenido en enero de este año en el marco de una causa por violencia de género. El futbolista fue denunciado por su suegro en la Fiscalía de Lomas de Zamora por lesiones y violencia de género. Tiene prohibición de acercamiento a la vivienda de su suegro en un perímetro de 300 metros, mantener una entrevista con una psicóloga y realizar un taller ante el Patronato de Liberados vinculado a violencia familiar. En junio de 2020, Miguel Brizuela, integrante del plantel profesional de Vélez, fue denunciado por su pareja por violencia de género. Ante esta situación, el Fortín nuevamente decidió “separar preventivamente” al jugador del primer equipo.
Ante la chocante y desigual realidad de cantidad de denuncias y herramientas con las que cuentan los clubes para actuar de acuerdo con la ley, nos queda la amarga sensación de que para los jugadores de fútbol existen leyes paralelas a las de todos los mortales. No sólo desde el encubrimiento, sino desde la exaltación del ídolo, la falta de protocolos, el pago de abogados mediáticos, los clubes de fútbol apañan y encubren para que el negocio no se caiga y sigan facturando.
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