Mujeres solas a cargo del hogar, lxs hijxs, la economía, las tareas, los sueños y más. Decir sobrecargadas es poco. Un modelo de familia que no existe para las normas del Estado pero si en la vida real. El impacto de esta exclusión reflejado en la falta de políticas asistenciales con perspectiva desde Anses, el sistema judicial ineficiente y la impunidad de los incumplidores alimentarios, representan factores reproductores de la violencia de género con consecuencias sistemáticas de vida. En esta nota, la Licenciada Paola Urquizo de Familias Monomarentales, lo desarrolla en profundidad.
Las Familias monoparentales son aquellas en las que un progenitor convive y es responsable en solitario de sus hijos e hijas, y en Argentina como en el resto del mundo, la gran mayoría de los hogares monoparentales se encuentran bajo la responsabilidad de mujeres. Por ello hablar de monoparentalidad es hablar de mujeres que cargan sobre sus hombros la casi imposible tarea de cuidar, criar y sostener infancias y adolescencias en una sociedad en la cual la organización social de los cuidados es absolutamente familiarista-heteronormativa, desigual y atravesada por cuestiones de clase y género. Por esta razón hablar de familias "monomarentales" o "familias de madre sola" es hablar de cuidados en su faceta más dura, crítica y de exclusión social.
En las últimas décadas, se ha producido un considerable incremento de estas familias en nuestro país, no solo debido al acceso al divorcio sino a la conciencia que los feminismos han contribuido a instalar sobre la posibilidad de emancipación y liberación de las múltiples violencias que las mujeres padecen en un sistema violento, machista y patriarcal. Sin embargo gozar de maternidades y existencias libres, cuando se ejercen cuidados en un contexto de desigualdad y falta de perspectiva de género y de políticas publicas de cuidados, es prácticamente una batalla perdida para miles de jefas de familias monomarentales.
Quienes trabajamos independientemente por visibilizar y erradicar las violencias en todas sus modalidades y en particular aquellas que afectan a infancias y adolescencias, este año 2022 empezamos a vislumbrar una luz de esperanza que nos da fuerzas para seguir poniendo en agenda social y política a las maternidades y las múltiples vulneraciones que padecen quienes las ejercen.
Hace un par de meses, nos encontramos con la publicación del primer informe oficial sobre incumplimiento alimentario en la Provincia de Buenos Aires, un logro del movimiento feminista tanto de quienes ocupan cargos políticos en la actual gestión gubernamental como de aquellas activistas que desde la precariedad laboral militan incansablemente a la vez que acompañan y abrazan a quienes padecen la indiferencia social que domina el contexto actual. Contar con números oficiales no solo supone la obligación y el compromiso de parte del Estado de accionar ante una situación gravísima de vulnerabilidad de derechos básicos de las infancias y adolescencias, sino que muestra que las mujeres organizadas, entramadas, empatizando e investigando son tan valiosas como aquellas que ocupan actualmente cargos públicos. Y justamente este es el sentido del movimiento feminista que busca trascender la política patriarcal partidaria.
El informe ha sido contundente y ha explorado y puesto en agenda política una de las tantas cuestiones que necesitan resolverse para garantizar que los cuidados puedan ser ejercidos en dignidad sin producir las gravísimas consecuencias psíquicas, emocionales, económicas y sociales que actualmente producen en las familias monomarentales. Porque la organización actual de los cuidados se encuentra absolutamente mercantilizada y la falta de políticas estatales de conciliación y de corresponsabilidad social de los cuidados, afecta enormemente a las monomarentales que deben cuidar y proveer económicamente al mismo tiempo ante un Estado y un progenitor ausentes.
Sin embargo analizar en detalle el contexto vital de las familias de madre sola supone explorar no sólo las circunstancias económicas (percepción de asignaciones y prestaciones económicas de parte del Estado y cuotas alimentarias) sino también las laborales, de vivienda, y la inexistente oferta de cuidado que les permita gozar de tiempo para si mismas y sus proyectos personales más allá de la maternidad.
Al estudiar e investigar en detalle el apoyo institucional que se está prestando a las familias monomarentales, es indudable que el modelo familiar tradicional atraviesa no solo las políticas públicas sino a las instituciones públicas y privadas de educación, salud y justicia; que aún están muy lejos de entender que el 10% de los hogares en Argentina y America Latina están a cargo de mujeres y que su dinámica de cuidados se aleja diametralmente de los supuestos de corresponsabilidad que serían propios del modelo biparental de familia heteropatriarcal.
Quienes acompañamos a mujeres que crían solas sabemos que se necesitan, urgentemente, un conjunto de propuestas alternativas de política familiar y social que realmente permitan a estas mujeres hacer frente a sus necesidades y a las de su familia, como de hecho existen en otros países del mundo.
Dado que la monomarentalidad presenta una problemática específica: problemas económicos, laborales, de formación, conciliación con el cuidado de hijas e hijos, problemas emocionales, es pertinente y esperable que el Ministerio de Mujeres, género y diversidad, comience a trabajar en un mapeo federal integral de la situación de estas mujeres. Y sobre todo desde una perspectiva feminista, es hora de diseñar políticas y programas destinados a estas familias en las cuales se incluya, como imprescindible, la opinión de las mismas y de los profesionales que trabajan en la temática.
Por otra parte si bien el informe mencionado se centra solo en el incumplimiento alimentario, considero que su aporte es fundamental para crear una conciencia sensibilizadora a nivel político, profesional y social que deje de ensalzar la capacidad cuasi milagrosa que históricamente han parecido poseer estas mujeres que crían en soledad, para mostrar el lado B de estas maternidades empobrecidas, ocultas, santificadas y falsamente empoderadas.
El desarrollo de políticas que permitan a este colectivo una conciliación de su vida familiar, personal, laboral y formativa es urgente e imprescindible.
Como ejemplo tenemos la deuda histórica que la Administración Nacional de Seguridad Social, tiene con estas familias, a las cuales lamentablemente ha dejado sistemáticamente fuera de sus consideraciones cuando de asistencia económica se trata. En nuestro país, aún con ley de divorcio vigente, las políticas de asignación familiar por hijo e hija siguen estando pensadas y ejecutadas considerando al grupo familiar como padre y madre que han reconocido legalmente su responsabilidad mediante la inscripción registral. Sin embargo, son miles las niñas y niños en Argentina, que aún portando apellido paterno, no solo no conviven ni reciben cuidados cotidianos y habituales del progenitor varón luego de las separaciones, sino que, tal como lo expreso el Informe citado, tampoco cumplen con la cuota alimentaria a la cual por ley se ven obligados. Para ANSES el “grupo familiar” (ambos progenitores y sus hijes) comparten ingresos que les permiten sostener las necesidades de vivienda, alimentación, salud, educación, etc.
Ojalá esto fuera así, porque supondría que el ideal de la corresponsabilidad es en efecto una realidad para los niños y niñas, aún no conviviendo con sus progenitores bajo el mismo techo. Pero esto es una mentira, una ilusión que excluye a miles de infancias y adolescencias del derecho a recibir protección del ESTADO, máxime en un contexto tan complejo y crítico como el que venimos atravesando.
Son innumerables los grupos de madres en redes sociales que vienen denunciando la situación, intentando explicar a Anses que los montos que utilizan para calcular las asignaciones no son reales, que no llegan a los bolsillos de las que día a día cuentan las monedas para cubrir las necesidades de sus hijes ante el abandono de las responsabilidades paternas, pero la única respuesta que reciben es la judicialización del reclamo. O sea, iniciar acciones legales al Estado y recurrir a la justicia para reclamar alimentos. Más violencia institucional, más patriarcado, mas humillación y más exclusión para mujeres que viven sobrecargadas de responsabilidades y sin respiro.
Es hora de reconocer que miles de mujeres están subrepresentadas en las estadísticas de pobreza, es hora de blanquear los índices de pobreza infantojuvenil, porque estas familias (madres e hijes) son pobres aunque el varón ausente y abandónico tenga un ingreso registrado del cual solo el mismo se beneficia.
“Se necesita una reforma legal”- es lo que responden funcionarios del ANSES. Pues entonces que la reforma se haga.
Las infancias y adolescencias no pueden esperar más y sus madres cuidadoras tampoco. No reconocer su existencia es tan doloroso y violento como la pobreza misma.
Lic. Paola Urquizo
Licenciada en Psicología UBA ( con mención de honor), Profesora Nacional de Educación Preescolar, Egresada de la concurrencia en Psicología Clínica con orientación en salud mental infanto juvenil del Centro de Salud Mental Nro 3 A. Ameghino dependiente del Ministerio de Salud Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha desplegado su actividad profesional en el ámbito educativo y de salud en forma privada, forma parte de la Red Nacional de Salud Mental Perinatal, Diplomada en Cuidados Integrales por la UNSAM y cursa actualmente la Especialización Internacional de Políticas de cuidados con perspectiva de género de CLACSO a través de una beca otorgada por dicha entidad. Acompaña a madres victimas de violencia de género en forma personal y a través de la iniciativa de activismo feminista virtual Familias Monomarentales Argentina, trabaja por los derechos de las mujeres, las maternidades y las infancias y adolescencias desde una perspectiva de derechos y de género.
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