El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a Walter Acosta y José Luis Torres por el delito de Trata de personas con fines de explotación sexual. Ahora podrían quedar en libertad condicional por un cambio de carátula, de Casación, que desestima esa sentencia y minimiza la pena por "explotación para la prostitución". Las víctimas están indignadas y aterradas. Desde la Ong, que acompaña a una de ellas, denuncian la falla del poder judicial, una tendencia a negar el delito de Trata y hacen un llamado de alerta para luchar contra este flagelo. ¿Quién defiende a las víctimas? Un mensaje directo para la Coordinadora de la Defensoría General de Nación. (DGN)
Hace 8 años que Ana María Contreras preside la Asociación contra la Trata de la Provincia de Catamarca. Desde la Ong tienen como objetivo prevenir, concientizar y acompañar a víctimas del delito de trata para explotación sexual. Asisten en el proceso de denuncia y luego funcionan como nexo con los organismos del Estado para la asistencia integral. En estos años lograron rescatar 30 víctimas en su provincia, algunas de las cuales están ingresando al Programa nacional REPARAR desde donde se les brindan capacitaciones para la reinserción laboral mientras acceden a un salario equivalente al mínimo, vital y móvil. Desde la Asociación ahora están luchando por lograr el cupo laboral y el cupo de viviendas, articulando con el Comité de Lucha contra la Trata para que las mujeres afectadas accedan a esos derechos conforme lo establece la Ley de Víctimas. Pero denuncian que la falla está en el sistema jurídico y la falta de asistencia integral, por ejemplo, con acompañamiento psicológico. Ana María sostiene que en Catamarca hay redes de trata pero los organismos oficiales se resisten a reconocerlo y disfrazan los hechos de "trata" por “explotación para la prostitución”, en fallos que minimizan el delito, omitiendo además el hecho de que trata y explotación para la prostitución son delitos “conexos”, esto quiere decir que rozan tan cercanos que son parte de lo mismo. Son los casos en los que un individuo, a través de la explotación de otro/otra, obtiene un beneficio.
Esta resistencia del poder judicial en caratular como trata de mujeres para explotación sexual - dice la entrevistada – tiene consecuencias directas en el proceso de acompañarlas de acuerdo al delito del cual son víctimas. Pone un ejemplo: “Tenemos una víctima que la pusimos a disposición de la Defensoría para que la acompañen a hacer la denuncia. El tratante era su pareja, pasaba el tiempo y la denuncia no aparecía, la seguíamos asistiendo hasta que un día descubrimos que la hija de esta mujer había sido abusada por el mismo delincuente, la niña sufría los ataques desde muy pequeña mientras el tipo obligaba a su madre a prostituirse y aprovechaba esa ausencia para abusar de la menor que hoy tiene 14 años. Logramos que esté preso por los abusos sexuales pero como nunca hicieron la denuncia no fue condenado por trata. Ahora estamos acompañando nosotras el proceso de denuncia para que se investigue y se lo juzgue como corresponde.”
Desde la ONG dan charlas en las escuelas y centros vecinales de Catamarca donde las familias se animan a contar cuando hay sospechas de algo raro o inusual, por ejemplo como en el caso que motiva esta nota.
Chicas de Catamarca que van a estudiar a Tucumán y son captadas por una red de trata bajo promesas laborales.
Una madre Catamarqueña se acercó para pedirles ayuda porque le llamaba la atención ciertas conductas de su hija, quien estaba estudiando en Tucumán desde hacía un tiempo. Sospechaba que su hija había sido golpeada, la veía con miedo, que sufría y ya no rendía en sus estudios. “Recuerdo que la madre nos contó, luego de detectar lo que pasaba, que a su hija le habían retenido el documento, no sólo el propio sino el de una hermana menor” – detalla Ana María en relación a datos precisos que dan señales de trata y no fueron incluidos en el expediente.
El paso siguiente fue denunciar en la Línea 145, que es gratuita y nacional, para que el Estado intervenga. Así fue y en 2020 se hizo el juicio por el que resultaron condenados 2 hombres por el delito de “Trata de personas con fines de explotación sexual”: Walter Acosta y José Luis Torres. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán los condenó a 8 y 10 años de prisión más una indemnización de 600 mil pesos para las víctimas. La sentencia fue resuelta luego de probar que ambos habían creado una agencia de modelos trucha a través de la cual captaban a sus víctimas con falsas promesas laborales. La causa se inició gracias al llamado de denuncia que realizó la Ong (en mayo del 2018 desde Catamarca) a través de la línea 145. Enseguida intervino la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex) y se hizo cargo la Fiscalía nº 2 de Tucumán porque el delito ocurrió en esa provincia. Gendarmería Nacional participó en la investigación y, tras varios allanamientos, lograron rescatar víctimas, incluso una menor de 16 años, por lo cual ambas imputaciones sumaron el agravante de “Aprovechamiento por condiciones de vulnerabilidad”. Más de 20 personas prestaron su testimonio, una Cámara Gesell con el relato de una de las víctimas que duró 3 horas, y se sumaron los audios e intervenciones telefónicas. Todo fue prueba suficiente para que el Fiscal Federal Pablo Camuña pidiera 12 años de prisión y una indemnización económica a las víctimas, por probarse el delito de trata por captación. Según consta en la imputación: “de manera organizada y conjunta ambos se dedicaban, entre otras actividades, a la captación y acogimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad con la finalidad de explotarlas sexualmente”. Pudo comprobarse que una de las víctimas había accedido a una “pensión para estudiantes” por la que uno de los imputados logró captarla. Y en el caso de la otra víctima fue a través de una agencia de modelos llamada “Piaff” donde les prometían salida laboral.
Los delincuentes podrían salir en libertad por un cambio de carátula. Ya no es Trata, sino “explotación para la prostitución”. ¿Se repiten estos casos en Catamarca y Tucumán?
Finalmente llegaron las condenas con una pena menor a la solicitada por el Fiscal pero, este enero 2023 luego de la feria judicial, las familias de las víctimas y la Ong que las acompañó en todo el proceso, se encuentran con la noticia de que hay una apelación, por parte de la defensa de los delincuentes, ante la Cámara Federal de Casación y la posibilidad de que les habiliten la libertad condicional con un cambio de carátula que desestimaría lo establecido por el primer Tribunal y minimizaría las penas, “haciendo desaparecer sin fundamentos el delito de trata de personas”- manifiesta Ana M. Contreras. Ya no es trata, sino “explotación para la prostitución”. Esto cambia todo. Las víctimas están indignadas y con temor. Desde la Asociación contra la Trata de Catamarca denuncian “una constante y evidente tendencia del poder judicial a negar la trata”.
“A una de las víctimas nunca le dieron copia del expediente, no le dieron participación en el proceso y, por ello, nunca se enteró que la sentencia había sido apelada y dirigida a Cámara de Casación” – Denuncia Contreras y agrega que “lo terrible de éste sistema es que las víctimas no tienen abogadx , es el Ministerio Público Fiscal el que inicia la demanda, pero los acusados sí tienen defensa oficial y ahora nos enteramos que apelaron, pidieron libertad condicional y podrían darles lugar al pedido porque cambiaron la carátula con una pena más baja y ya no es delito de trata” .
La Cámara de Casación que resuelve esto está integrada por el Juez Carlos A. Mahiques y la jueza Ángela E. Ledesma. Resolvieron cambiar la sentencia del Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán de: “Trata con fines de explotación sexual más el agravante de aprovechamiento por condiciones de vulnerabilidad”, delito por el que ya fueron condenados, a una categorización distinta cuya pena es menor: “Explotación a la prostitución ajena”. Contreras sostiene que “con esta artimaña el objetivo es liberarlos porque ya estarían cercanos a cumplir los pocos años que supone la imputación”, pero además denuncia abandono del Estado hacia las víctimas:
“Es injusto y las víctimas quedan indefensas. ¿Sabés que les dijeron desde el sistema judicial? Que una vez denunciado el hecho, tenían que haberse constituido como querellantes particulares, lo que significa contratar un abogado particular pero sabemos que esa posibilidad es lejana a las víctimas y el Estado debe actuar de oficio, lo que no sucedió, no defendieron a las víctimas, es un Estado ausente”.
El cambio de carátula se argumenta con el artículo 127 del Código Penal que habla de la explotación de personas para la prostitución y supone un apena de 3 a 6 años máximo.
“Nos enteramos que, por ejemplo, no figura en el expediente la retención de documentos que le hicieron a una de las chicas y es una prueba importante. Tampoco mencionan que la obligaban a consumir estupefacientes ¿Cómo lo omitieron? ¿Y cómo resolvieron desde Casación con tanta rapidez? Cuando suelen ser procesos que llevan un año o más ¡acá fue de un mes! Si esto queda firme, entonces acá no hay trata.”- observa Ana María.
Según el testimonio de la presidenta de la Asociación contra la Trata, esto viene sucediendo tanto en Tucumán como Catamarca.
¿Quién defiende a las víctimas? Un mensaje para la Coordinadora de la Defensoría General de Nación. (DGN)
Existe la Defensoría de Delitos Federales, a la cual acudieron desde la Ong para solicitar tutoría legal para las víctimas pero la Defensora pública coadyuvante Paula Gabriela López les respondió que no pueden hacerlo por resultar “incompatible” ya que trabaja como defensa de los imputados. Por este motivo, decidieron presentar un escrito ante la Defensoría Federal de la provincia de Catamarca para que intervenga en modo urgente al faltar pocos días para el vencimiento del plazo de apelación sobre lo decidido por la Cámara de Casación. “Más allá de que las Defensorías tienen poco tiempo de creación, observo una tendencia reglamentarista, no actúan rápido y hay una naturalización de la prostitución que nosotras venimos combatiendo pero si el Estado minimiza la Trata, se nos hace más difícil luchar contra el delito”- afirma la entrevistada.
─¿Cómo están las víctimas?
La Víctima de Catamarca está destrozada, indignada, preocupada por la libertad condicional que nos enteramos que pidieron pero ahora es más grave porque vemos una chicaneada ya que nos habían informado, en su momento por vía telefónica, que no hacía falta contratar un abogadx particular ya que, una vez llegado el expediente de Buenos Aires, se nos designaría Defensoría de Catamarca, pero no sólo que nunca sucedió sino que en un mes ya hay otra sentencia con cambio de carátula y una pena menor .
─¿Hay otros casos similares en la provincia?
Si hay, pero estamos viendo que no quieren reconocerlo porque buscan dejarlo dentro de los términos de la explotación para la prostitución. No es así porque esto forma parte del proceso de la trata y lo saben. Se está naturalizando la violencia prostituyente y no se está defendiendo a las víctimas, no se garantizan sus derechos. Ahora los tratantes pueden ser condenados por delitos menores.
─¿Y que pasa con la Defensoría?
La coordinadora de las Defensorías de todas las provincias es la Doctora Marcela Rodríguez y quiero que ella sepa que no puede seguir sucediendo esto de que, quienes integran Defensorías de Víctimas, sean contratadxs en forma privada para defender a los acusados. Es contraproducente y tienen una mirada reglamentarista de la prostitución.
─Es una denuncia que viene repitiéndose desde otras provincias también…
Nosotros hemos logrado erradicar todos los prostíbulos de Catamarca con un trabajo de campo conjunto con el Doctor Marcelo Colombo, de la Protex, quien le ordenó al Fiscal general de la provincia (que negaba la existencia) que cerrara los prostíbulos porque eran la vía de la trata, la mayoría de los casos provenía de esos prostíbulos.
─¿En este caso puntual?
Las chicas eran trasladadas de departamento en departamento. No había un lugar fijo. En el caso de la chica de Catamarca ella intentaba escapar de esa vida y siempre la amenazaban, la drogaban y trasladaban de un lugar a otro en la ciudad de Tucumán. Además le retuvieron los documentos, tanto de ella como de una hermana menor y, si hablaba, la amenazaban con hacerle algo a su familia. Todos estos eran indicios de trata que deberían haber investigado.
─¿Te llamaron a declarar como Presidenta de la Ong que denunció y asiste a las víctimas?
No, nunca me llamaron a prestar declaración.
─¿Estás diciendo que hay una tendencia en el poder judicial a negar la Trata? Esto no sería inocente…
Así es, cuando las víctimas fueron solas a denunciar y relatan cada detalle del delito, vuelven con denuncias pobres de 2 renglones donde no queda clara la trata. Las acompañamos nosotras a denunciar y nos insisten con carátulas de explotación para la prostitución, como si nosotras no supiéramos la diferencia. Tenemos casos recientes ¡donde terminan archivando las causas!
Datos y análisis
“Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.” (Art. 2 Ley 26.842 CP).
La trata de personas es uno de los “negocios” ilegales más millonarios del mundo. Consiste en “vender” personas, explotarlas, someterlas, violentarlas, esclavizarlas. Tanto en la Trata como en la prostitución están presentes las desigualdades de género, el poder y el dinero masculinizado, el dinero como arma de dominación, la violencia sexista. El debate sobre sus diferencias no está saldado pero las pruebas demuestran que la “explotación para la prostitución” y la “trata” son delitos conexos y que, en la mayoría de los casos, uno es el disfraz del otro.
El delito de Trata de personas fue incorporado al Código Penal Argentino en 2008 con la Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, luego la Ley 26.842 introdujo modificaciones en el año 2012. Durante mucho tiempo se naturalizó la “explotación para la prostitución” en nuestro país pero ahora se sabe que las provincias del Noroeste Argentino, como Catamarca, están en la denominada “ruta de la Trata”, donde captan sobre todo mujeres y niñas (de entre 12 y 40 años) en situaciones vulnerables y con falsas promesas de mejores condiciones de vida, engaños sobre ofrecimientos laborales, etc. Esta información la obtiene el Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de las causas judiciales abiertas en los últimos años.
En cuanto respecta a la provincia de Catamarca, en julio del 2021 se conformó la Mesa Multidisciplinaria contra la Trata para articular el trabajo de organismos y funcionarios nacionales, provinciales, municipales y judiciales, referentes sindicales y de la sociedad civil. Estuvo presente el Director Operativo del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas, Gustavo Vera, quien presentó el Plan Bienal de lucha contra la Trata y resaltó la importancia de la articulación Federal, entre otras cosas. Como parte de la sociedad civil también participó Ana María Contreras en representación de su Ong.
Argentina viene avanzando en la lucha por erradicar la trata de personas y la explotación sexual para la prostitución, delitos cruzados por la cuestión de género, las violencias y hasta el femicidio. Pero si ya tenemos toda la información disponible y sabemos la magnitud y gravedad del problema:
¿Hay lugar para fallos que minimicen penas y liberen tratantes? ¿Tenemos un poder judicial reglamentarista de la prostitución y negador de la Trata? ¿Qué postura tiene la Corte Suprema? ¿Quiénes están detrás de este “negocio” repugnante en nuestro país?¿Por qué no se avanza con dureza contra un delito que no justifica timidez ni grises? ¿Qué pasó con los proyectos de ley que se intentaron hace años para penalizar a los “clientes”? Avanzamos en materia de leyes con perspectiva de género y DDHH, avanzamos en conocimientos, lo que hoy nos permite decir que ya no podemos llamarlos “clientes” ni “consumidores” sino que, para hacer justicia desde el lenguaje, son “violadores”, “delincuentes”.
Uno de los datos alarmantes a tener en cuenta con la acelerada digitalización post pandemia es que crecieron las alertas por tentativa de captación mediante ofertas laborales engañosas, sobre todo en el ámbito virtual, a través de plataformas digitales y redes sociales, muchas de las cuales son denuncias de menores de edad.
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