La renovación del servicio municipal de recolección de residuos fue eje de disturbios y amenazas en el Concejo Deliberante de Pinamar. Un contrato millonario con irregularidades, según el bloque del FdT.
Se vence el contrato con la empresa Santa Elena, proveedora del servicio de recolección de residuos y barrido. La ley ordena el llamado a licitación pública para el nuevo contrato y durante el transcurso del último mes, el ejecutivo envió al legislativo el pliego de bases y condiciones para esto (Expediente Nº 4123-3021/2021 ). Fue tratado en Comisiones y finalmente, el viernes pasado, 10 de junio, debía tratarse en sesión, lo que ocurrió pero en un marco distinto al regular. El recinto legislativo, sobre calle De los Tritones 90, fue ocupado por una manifestación del Sindicato de Camioneros de La Costa adentro y fuera del edificio.
Hubo gritos, cánticos, amenazas e intimidación hacia el bloque del FdT sin intervención por parte del bloque oficialista de JxC ni de su Presidenta, Analía Figueroa. Los hechos son motivo de denuncia y repudio por parte de la oposición y del Partido Justicialista local que llamó a conferencia de prensa a través de un comunicado.
¿Qué pasa con la basura?
Según manifestaciones de Pablo Moyano, Secretario general de la C.G.T nacional y Damián Comas, Secretario de la Seccional de Camioneros del Partido de la Costa, el problema y motivo de la protesta es por un intento de municipalizar el servicio y quitarles la fuente de trabajo a más de 120 familias, por parte del Partido Justicialista de Pinamar y del bloque del FdT que tiene como principal referente al Concejal Gregorio Estanga.
Esa versión, “de municipalizar el servicio”, surgía de supuestos audios de whatsapp, dicho en declaraciones que pueden verse en las redes sociales del Sindicato.
Ver video: Infocamioneros
Los/as trabajadores/as venían participando de Asambleas donde se les informaba esto pero desde el FdT niegan esa versión y dicen que es contraria justamente al interés ideológico político del espacio que representan. “Nunca se dijo eso y es más, acá pasan dos cosas graves, están usando a los trabajadores y están dando la espalda a los vecinos de Pinamar”- aseguró Ana Laura Méndez Pinela, Concejala del FdT.
Consultamos a la funcionaria y su colega de bloque, Violeta Saquilán sobre los motivos que llevaron a esta situación y, de acuerdo a sus declaraciones, las irregularidades en el proceso de adjudicación de este servicio son varias.
Como primera, las Concejalas mencionan la falta de llamado a la audiencia pública, que es obligatoria por ley. Méndez Pinela es abogada y recalca que: “según la Ordenanza N.º 5515 del 2020 en su artículo 3: la audiencia pública es obligatoria para las concesiones municipales de servicios”.
En segundo lugar, aducen que este nuevo contrato con la empresa Santa Elena, única licitadora hasta ahora, es de un monto exacerbado y la ciudadanía debe saberlo porque repercutirá probablemente en el bolsillo.
“El costo total asciende a los 5 mil millones de pesos en 6 años, ya que se puede aumentar en un 30% más. Hasta ahora el costo del tratamiento de la basura representaba el 20% de la tasa municipal y ahora representará el 50% de la tasa y es muy probable que esto termine en aumento de tasas que deberán pagar lxs vecinxs.”- resume Saquilán y menciona que también “hay un artículo (el N.º 50) de re determinación que dice que si los costos de los factores principales aumentan un 5% más, se podrá hacer una re adecuación en los meses de noviembre, marzo y julio”.
Mirá:
Pero además de subir costos, las funcionarias del FdT argumentan, con base en el análisis minucioso del pliego presentado, que resta capacidad económica al municipio y de capital:
- Se está cobrando el pliego sólo 2,5 millones de pesos cuando corresponden 12,7 millones, es decir faltan 10 millones de pesos para las arcas municipales (citan artículo 18 del pliego).
- De los 400 cestos para contener los residuos, que deben ser provistos por la empresa (según el pliego 2016 en su artículo 13) ahora deberán ser repuestos por el municipio en caso de faltantes o roturas. (costo aproximado $ 8 millones )
- La camioneta: es un vehículo 4x4 para control del servicio, que antes quedaba como patrimonio municipal pero la empresa se hacía cargo de su mantenimiento, seguro, patente, etc y ahora se quitó la cláusula. (Pliego 2016- Art. 9 “Equipos mínimos requeridos”). Esto representa una disminución del patrimonio municipal de $8 millones menos.
El punto que destacan luego es de mayor importancia ya que contraría la versión de los trascendidos que menciona el Sindicato de Camioneros:
“Al pliego le faltan 126 + 7 empleadxs porque se modificó un anexo y son estas modificaciones que nos preocupan por el resguardo de la fuente laboral de esas más de 130 familias justamente. Esto fue una cortina de humo porque nos enviaron el proyecto modificado horas antes y no querían que lo discutiéramos punto por punto. Acá pasan 2 cosas graves: están usando a los trabajadores y están dando la espalda a los vecinos de Pinamar.”- declaran las funcionarias.
Todo hace suponer que no hay riesgo de pérdida laboral para lxs trabajadorxs de la empresa en cuestión, pero lo acontecido en el Concejo Deliberante el viernes pasado está lejos de ser honorable, ante una sociedad Pinamarense que parece no inmutarse pero está atenta.
“…Hubo agresiones al secretario legislativo que están filmadas, además de las amenazas de muerte que venimos recibiendo hace 15 días. Nosotros creemos que es un acto de corrupción y violencia lo que pasó. Espero que el ejecutivo esté a la altura de la ley. Vamos a denunciar como bloque por amenazas, hostigamiento y nosotras por violencia política y de género”. – sentenció la Concejala Ana Laura Méndez Pinela.
Podés ver acá la sesión del 10 de junio: Concejo Deliberante de Pinamar
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