La justicia Federal encontró pruebas que imputan a lxs funcionarios de Martín Yeza en la causa de las Tarjetas Alimentar.
La investigación por la estafa con las tarjetas Alimentar avanzó y encontró nuevos sospechosos que ya están dentro del expediente. El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, acusó a los ya imputados por “Defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita”, ante el juez subrogante Martín Bava.
Hasta el momento siguen detenidas cinco personas, una de ellas es Andrea Ríos, empleada directa de Nora Ponce, la funcionaria que tenía a su cargo la responsabilidad de la custodia y entrega de los plásticos. Las tarjetas “Alimentar” eran enviadas con nombre y apellido a sus destinatarias, mayoría mujeres con hijxs menores de 6 años. Un programa que impulsó el gobierno Nacional en contexto de pandemia dentro del “Plan Argentina contra el Hambre”.
Según surge de la investigación, los imputados retenían los plásticos antes de que llegaran a mano de sus destinatarias y extraían el dinero, que depositaba el gobierno, a través de dos posnet truchos que simulaban ser comercios autorizados para el gasto de los productos alimentarios.
La sustracción del dinero de las tarjetas supera los dos millones de pesos pero – según señaló el Juez Federal a Infobae: “No solo se habría perjudicado al Estado Nacional y - consecuentemente- a 55 beneficiarios de las “Tarjetas Alimentaria Familiar”, sino que existirían suficientes indicios que darían cuenta que podría ser aún mayor los montos nacionales sustraídos indebidamente y el número de afectados”.
El resto de los detenidos, hasta el momento, siguen siendo los mismos: Ambao, Rosas, Borea, y Fons (marido de Ríos). Estaría comprobado que entre los integrantes de la banda, existía una vinculación no sólo comercial sino también personal.
En el mes de marzo, cuando la Policía Federal hizo el allanamiento a las oficinas de Desarrollo Social y detuvo a los imputados hasta ese momento, el escándalo e indignación social fueron una constante. Días más tarde, las agrupaciones feministas se movilizaron frente a la municipalidad para exigir respuestas por parte del gobierno local de Martín Yeza.
En el mismo sentido, desde el Concejo Deliberante, los bloques de la oposición llamaron a interpelar al intendente pero la mayoría automática del oficialismo votó en contra. Se logró la interpelación al Secretario de Desarrollo Social, Javier Tumas, y a Nora Ponce; pero ambas declaraciones fueron hasta contradictorias en algunos puntos.
También se juntaron firmas para pedir la remoción del cargo de ambos funcionarios, que no llegó en el caso de Tumas pero sí en el de Ponce, luego de meses de la solicitud por parte de la ciudadanía y los bloques opositores del legislativo.
A través de un decreto, durante los primeros días de junio 2021, Yeza removió a Nora Ponce, a quien hasta el momento había protegido creándole un área nueva bajo la dependencia directa de Jefatura de gabinete. En esa decisión tardía del intendente, algunos vecinos de Pinamar se preguntaban qué estaba pasando con la investigación ya que era evidente el hermetismo con el que se buscó mantener la causa en silencio.
El hermetismo en la información continúa, pero desde esta redacción pudimos acceder a una fuente veraz y confiable que nos confirma la noticia. (*)
Desde hace 10 días aproximadamente, la justicia federal imputó a Nora Ponce y Javier Tumas en la causa de las Tarjetas Alimentar, los citó a indagatoria y fue Ponce quién, hasta ahora, prestó declaración. Javier Tumas se negó a declarar.
A pocos días de las PASO, la ciudadanía Pinamarense sigue pendiente de esta estafa, a pesar de los intentos de acallar las voces.
“Mientras todas las instituciones trabajamos codo a codo ante esta terrible pandemia! Otros le robaban el dinero de la comida de los chicos! Hay que hacerse cargo! No sé cómo la Dra. Merlo puede estar al lado del responsable mayor! Ella sabrá..” – comentan desde “Veteranos de Guerra Pinamar” en la red social de Camila Merlo, precandidata y actual Concejala de Martín Yeza.
(*por respeto y derecho al “secreto de las fuentes de información periodística”, establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, no revelamos el nombre de la fuente).
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