Padeció todos los tipos de violencias de género con un hijo pequeño a su cargo. Puede ser condenada por defenderse del violento. Este lunes, el tribunal nº 2 de Avellaneda decidirá la sentencia. La defensora oficial, Indiana Guereño, cuenta los detalles en esta nota.
Katherine es una mujer migrante que desde el año 2021 se encuentra imputada y detenida por haberse defendido de su agresor. De origen Dominicana, decidió trasladarse a Argentina para mejorar su calidad de vida y la de su familia a través de emprender un trabajo como peluquera en Avellaneda. Como tantas mujeres migrantes en Latinoamérica, Kati tuvo que dejar a sus hijos mayores en República Dominicana y soñaba con poder traerlos cuando finalizara los trámites de su residencia Argentina.
En una relación de pareja, queda embarazada y tiene al bebé. Sin embargo, su vida corría peligro. Y la de su pequeño también.
Durante varios años de relación Katherine soportó múltiples situaciones de violencia, no sólo física, sexual, sino también psicológica y económica (él cobraba las AUH y no se las depositaba), al punto que durante el transcurso del embarazo y la crianza del niño pequeño, esa violencia de género aumentó a niveles de altísimo riesgo para su vida e integridad. En tres ocasiones denunció lo sucedido pero, desde la Comisaría y Juzgados intervinientes no le dieron una respuesta adecuada que protegiera y garantizara su integridad física y la de su familia.
“Fueron 6 años de soportar las peores violencias. El nivel de celos de él era atroz, de hecho ella iba a trabajar y él le exigía que le mostrara por video llamadas a quiénes atendía en la peluquería mientras trabajaba, hay testimonios que relataron esto. Otra persona declaró que cuando ella iba a comprar algo al kiosco, o cualquier lugar, él también la iba siguiendo por llamada para ver que decía y cómo se expresaba”- Cuenta Indiana Guereño, abogada defensora y Directora del Observatorio de Pensamiento Penal.
Luego Kati logra separarse por su propio bienestar y el de su hijo pequeño, aunque esa transición fue muy difícil por el hostigamiento que ejercía el agresor así como también las promesas de cesar la violencia y recomponer la pareja.
Un día acordaron intercambiar los teléfonos celulares, ya que el acoso constante por controlarla la hizo ceder pero luego, arrepentida de esa situación, se dirigió a la casa de su ex a devolverle el teléfono. Era la mañana del 31 de diciembre de 2020. Ella sabía que su vida corría riesgo así que llevó escondida una navaja entre su ropa como una herramienta de seguridad personal para asustarlo ya que no sería la primera vez que el ex podría golpearla hasta dejarla inconsciente en el suelo.
El encuentro sucedió a plena luz del día en la calle. Apenas cruzaron miradas, Kati pudo advertir que se venía una golpiza tremenda. Efectivamente, su ex pareja se lanzó sobre ella y comenzó el ataque. Kati intentó defenderse presa del miedo y la violencia sufrida. En el forcejeo, tomó la navaja y con la intención de detenerlo quiso herirlo en las piernas, pero él se encontraba encima de ella y golpeándola, no fue certera y lo terminó hiriendo en el abdomen. Al darse cuenta de esto, rápidamente le rogó que se detuviera para que pudieran ir al hospital más cercano. Buscó auxilio, lograron subirse a un remis y llegar hasta el centro de salud. En el hospital interrogaron a su ex pareja y la detuvieron. El agresor permaneció internado y al quinto día falleció.
“El hecho sucedió en la vía pública por ende a la vista de gente lo que es fácil de probar. La diferencia física era muy grande, él medía más de 1,80 y ella es muy chiquita. Se produce el forcejeo y él termina con heridas, muere 5 días más tarde en el hospital pero la historia clínica no decía, en ningún momento, que había riesgo de vida, por ende no se sabe en realidad de qué murió, pero la imputan a ella igual. Al principio pidieron la prisión perpetua para Kati por eso intervenimos y ahora el fiscal pide 14 años porque dice que ella de alguna manera `lo provocó´ al haber ido a encontrarse entonces no entraría en los requisitos de la legítima defensa”.- Continúa la abogada defensora.
Actualmente Kati se encuentra en prisión domiciliaria con la esperanza de obtener una sentencia absolutoria. Durante el desarrollo del juicio se hicieron preguntas de índole revictimizante que cuestionaron constantemente el contexto de violencia de género: “Si sufría violencia ¿por qué no hizo la denuncia?”- por ejemplo, cuando no es obligatorio que exista. En este punto, la profesional expone que: “Acá hay que explicarles a lxs operadorxs judiciales que ir a hacer una denuncia, en ese contexto, implica toda una situación para la víctima que la pone en riesgo, todo un movimiento para que él no se entere, pero después lo notifican de la denuncia entonces se entera y eso incrementa la violencia.”
Durante el proceso, intervinieron testimonios de profesionales de diversas instituciones, psicólogos, trabajador social, abogada. Todxs dieron cuenta de la grave situación que atravesaban Kati y su hijo. Incluso parte de dichos testimonios técnicos especializados fueron aportados por un equipo de trabajadoras del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.
El martes 1 de noviembre fueron los alegatos, la Defensa pidió su absolución por tratarse de una legítima defensa, mientras que la Fiscalía, sin poder negar la existencia de violencia de género, solicitó 14 años de prisión porque la considera responsable de homicidio agravado. Este lunes 7 de noviembre se espera el veredicto por parte del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús a cargo del Dr. Raúl Agustin Sequeiros.
El patriarcado judicial hace estragos
Casos como el de kati refuerzan el pedido por una reforma judicial urgente que revise las prácticas institucionales patriarcales que criminalizan a las mujeres que se defienden cuando están en riesgo de vida y desde las instituciones del Estado, que deben protegerlas, no llegan las respuestas.
“En este caso aluden que no se dan los requisitos de la legítima defensa porque uno de esos requisitos es `falta de provocación suficiente´ y acá interpretan, el fiscal y el Juzgado de garantías, que al haber ido a encontrarse con él, se puso en esa situación, lo cual es una barbaridad, porque es no entender el contexto y lo que significa estar en una relación violenta”- aclara Guereño y agrega detalles: “El testimonio de Kati es desgarrador, hay algo que ella declara y es lo naturalizada que tenía la violencia al punto que confiesa que recién ahora pudo darse cuenta de lo ciega que estaba. El hijito también declaró, mediante pericias, y es escalofriante lo que cuenta el niño. Una mujer que tenía la obligación de estar informando todo el tiempo dónde estaba, cuando el violento llegaba a la casa revisaba todo a ver si había alguna persona escondida, y luego le daba golpes de todo tipo”.
Resulta evidente que desde el sistema Judicial hubo pocos avances en materia de formación con perspectiva de género y DDHH a pesar de la obligatoriedad que impuso la Ley Micaela. La estructura de pensamiento, de quienes operan como judiciales, no está separada de su construcción subjetiva como personas inmersas en una cultura y sociedad patriarcal que se resiste a mejorar. Lo grave es que estas personas deciden el destino de víctimas como Kati y su hijito, con sentencias que, sin la necesaria perspectiva, puede condenarlxs a más sufrimiento del que ya pasaron, desconociendo y minimizando la realidad y dando un mensaje social de reproducción de las violencias de género.
¿Será hora de que operadorxs del sistema judicial que no se capaciten tengan alguna sanción? Ya hay pedidos de destituciones por varios rincones del país. La mayoría de lxs judiciales, además, tiene el privilegio de no pagar ganancias, vivimos en un país donde matan a una mujer por día, las denuncias desbordan, por abuso sexual, todo tipo de violencias de género, por incumplimiento alimentario, por violencia psicológica. Ya tenemos casos de mujeres que se suicidaron luego de agotar las instancias de denuncias sin obtener respuestas. El tiempo de formarse fue ayer.
Jurisprudencia con Perspectiva de Género
Hay algunos casos ya que sí dan esperanza y que pueden resultar de ejemplo en el sentido que sientan jurisprudencia de legítima defensa, aunque las mujeres demandadas y luego absueltas tuvieron que pasar años de cárcel en algunos casos y esa injusticia no encuentra mecanismos de reparación actuales, por ello, es fundamental que desde el inicio de cada proceso se tomen en cuenta las circunstancias de violencias de género.
Dos casos recientes son el de Mafalda Secreto y Carina Medina.
En el primer caso, Mafalda fue absuelta por el Tribunal Oral Nº 1 de Pergamino (Bs. As.) en un fallo destacado por su aplicación con perspectiva de género al considerar que la mujer “no tenía otra salida que defenderse”, que el vínculo entre la acusada y el hombre asesinado era de “intensa asimetría de poder”, que la mujer “recibía maltrato constante y continuo” y que el crimen sucedió en un contexto de “legítima defensa”. (Fuente: Infobae)
El otro caso más reciente es el de la enfermera Medina, quien reconoció haber disparado al cuñado para defender a su familia. Lxs jueces del Tribunal Oral Criminal nº 7 de Lomas de Zamora la absolvieron por unanimidad también, al comprender que tuvo que defender la vida de su hermana y familiares de las constantes violencias que padecían, por parte del agresor que además de violento consumía drogas y había estado preso en varias oportunidades e investigado por el asesinato de un Policía.
Fue absuelta en forma unánime y sentó un precedente de modificación histórica de la “Legítima defensa protegiendo a terceros”, bajo el artículo 34, inciso 7. (Fuente: Infobae )
Finalmente, este lunes 7 de noviembre, luego de un largo proceso que atraviesa Kati y su hijo, donde abundan los testimonios y las pruebas, se espera el veredicto del Tribunal de Avellaneda a cargo del Dr. Sequeiros. “Pedimos la absolución porque fue legítima defensa”- remarca la abogada Indiana Guereño.
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