¿Por qué decimos que el incumplimiento alimentario es un delito y garantizar su pago es responsabilidad de Estado?

Profesionales expertas desde Equifem, Familias Monomarentales y este medio, presentamos una serie de puntos a tener en cuenta en base al informe de incumplimiento alimentario elaborado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad PBA. Las consideraciones que aquí se aportan son propuestas enriquecedoras para avanzar en el camino de una justicia y Estado efectivos ante este delito y violación a los DDHH básicos. ¿Qué pasa con Anses? La protección social es un eje clave para las familias monomarentales.

El 22 de junio de este año el Ministerio de Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires presentó el primer Informe sobre “Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en la Pcia. de Buenos Aires”.

Ver informe: OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PBA

Un trabajo de investigación fundamental desde el Estado que aporta conocimiento sobre una de las violencias de género más extendidas, silenciadas e impunes. Este informe, con los resultados de la Encuesta sobre Obligación Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires, tiene el mérito de visibilizar, con estadísticas representativas de la población de la provincia,  una insidiosa forma de violencia de género que afecta a mujeres madres y a sus hijas e hijos: la violencia económico patrimonial a través del Incumplimiento de progenitores varones (no convivientes) del pago de Alimentos para la manutención de sus hijos e hijas.

Esta realidad es abrumadora en Argentina –y en toda América Latina- y tiene relación directa con la pobreza de mujeres y niñeces, con la cultura patriarcal violenta y la impunidad que persiste ante un delito que está contemplado en el Derecho Penal (Ley 13.944) inclusive, pero, cuya norma  no se implementa. El patrón de incumplimiento generalizado del pago de alimentos y la impunidad de sus obligados, constituye una violación a Pactos y Tratados internacionales de derechos humanos con rango Constitucional, referentes al derecho a la subsistencia y desarrollo, y a ser protegidos contra el maltrato, abandono y negligencia de sus progenitores hacia niños, niñas y adolescentes, y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

Con el fin de avanzar en la investigación y empujar las agendas mediática, pública y política, formamos (durante la pandemia) un equipo de mujeres profesionales (de distintas ciencias sociales) que venimos indagando y escribiendo sobre la problemática en Argentina.  Decidimos unir nuestros saberes para aportar en este sentido, la Dra. Claudia Hasanbegovic, desde Fundación Equifem (Equipo de Investigación feminista en Género, Derecho y Justicia Social), la Licenciada Paola Urquizo de Familias Monomarentales y quien escribe, como Licenciada en Periodismo, Directora de  Identidad Feminista y activista desde hace 10 años.

Los aportes que aquí esbozamos refieren a ítems y conceptos del Informe publicado por el Estado Provincial, a través del Ministerio de las Mujeres, políticas de Género y Diversidad que creemos pueden ser mejorados para optimizar los recursos del Estado y ser eficientes en los resultados.  Consideramos que hay que poner otras cartas en la baraja sobre la mesa. La vida de las mujeres y NNA están en riesgo día a día, es un tema urgente y prioritario. Requiere la mayor atención política para que la justica penal investigue, los delitos de inasistencia alimentaria, sin estereotipos discriminatorios. El esfuerzo tiene que hacerde desde todos los poderes del Estado.

Universo de Mujeres/madres sin cuota alimentaria

El Informe del Ministerio es contundente en números que deberían escandalizar a la población y al Estado: “el 66,5 % de las mujeres encuestadas no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.”

En este primer dato coincidimos, desde nuestro equipo,en la hipótesis de  que si trasladáramos los números al resto del país la realidad arrojaría resultados similares. Si bien sabemos que hay poca investigación en esta problemática aún, los trabajos académicos ya existentes aportan números y datos que hablan de millones de mujeres  jefas de hogar a cargo solas de todo, la economía, lxs hijxs, el cuidado, etc:

Según la investigación "El dinero como arma de opresión patriarcal", el número (aproximado) podría rondar entre los 4 millones (Indec, 2010), 2 millones y medio (Cippec, 2021) o 1.700.000 hogares (Equifem).

(*)…el NPA afecta a un universo potencial de 5.105.189 de personas, entre madres y sus hijos(as) a cargo (equivalente al 12,7 % de la población argentina), que viven en los 1.717.015 hogares monomarentales, es decir aquellos que tienen como único jefe a una mujer, detectados por el Censo Nacional 2010. Esas mujeres dejan de percibir de sus ex compañeros varones unos 4.512 millones de Dólares Estadounidenses anuales obtenidos al valorizar cada cuota impaga en medio SMVM vigente al 31/07/2014. (Hasanbegovic, C, Oliva. R.B., Cymerman, C. (2015)- p.57)

• Lectura recomendada: Mujeres de Latinoamérica

Por otro lado, en lo que respecta al universo de mujeres encuestadas podemos inferir que la problemática de incumplimiento alimentario atraviesa a todas más allá del nivel de formación. En la encuesta del Ministerio la mayoría manifestó tener estudios terciarios o Universitarios, diferente a las otras investigaciones que mencionamos más abajo. Es decir, el nivel de estudios alcanzado por las mujeres víctimas del incumplimiento es un dato más que describe lo estructural del patriarcado, todas viven lo mismo.

Situación económica, Anses y protección social

De acuerdo al informe del Ministerio (de 6.442 respuestas de los 135 municipios de la pcia.) el 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales y “…se observa que laprincipal fuente de ingresos de estos hogares es la Asignación Univer­sal por Hijo (AUH)….” (pág. 50).

Comparamos los datos del Informe con otras investigaciones no coincidentes en este aspecto crucial:

• Encuesta realizada por la Quinta Ola (Agrupación Feminista de la 5ta sección PBA) publicada en octubre 2020 muestra que: “El 48,9% de ellas no cuenta con un trabajo formal y el 66,9% no recibe ninguna asistencia social.”

Ver encuesta: Quinta Ola

• Encuesta para  Tesis de grado, realizada por quien escribe: “El dinero como arma de opresión patriarcal. Violencia Económica y Medios”: “En relación a la “conformación del grupo familiar” el 47,1 % manifestó ser hogar monomarental. En cuanto a la situación laboral, el desempleo o trabajo informal conciernen a la mayoría (28,4 % desempleada - 26,5 % informal -40,2 % formal ), y el 71,8 % manifiesta no cobrar planes sociales.

Acceso: Tesis "El dinero como arma de opresión patriarcal. Violencia Económica y Medios".

De estas comparativas entendemos que:

• El universo de mujeres jefas de hogares monomarentales que padecen el incumplimiento alimentario en la PBA atraviesa todas las clases sociales, la mayoría no tiene trabajo formal ni recibe asistencia social.

“Grupo familiar” para AUH Y SUAF

Detectamos dos situaciones que reproducen violencia institucional desde  Anses hacia las familias monomarentales. ¿Dónde van las AUH? ¿Y las SUAF x embargo? ¿Por qué incluyen al varón no conviviente como “grupo familiar”?

Debemos tener en cuenta que hablamos de madres jefas de hogares, a cargo solas de todo, donde los varones separados no conviven con sus hijxs pero además incumplen alimentos o las cuotas que pasan son miserables y no cubren las necesidades reales. Ocurre que desde Anses no discriminan esta realidad ni toman en cuenta a la familia monomarental como grupo, entonces resulta que las ganancias o situación fiscal de los progenitores varones se incluyen como parte de ese “grupo familiar” y termina afectando en desprotección social y una doble violencia. Dos ejemplos:

1. AUH: Los progenitores tienen categorías de autónomo en AFIP, por ejemplo Responsable Inscripto. Lxs hijxs pierden todo derecho de asistencia porque el Estado, a través de Anses, interpreta que ese progenitor tiene ingresos suficientes para mantener la familia, desconociendo que ese grupo familiar es monomarental, dejando así más desprotegidas a las madres y sus hijxs que encima tienen que lidiar con el sistema judicial ineficiente en dar respuestas al incumplimiento alimentario, lo que recae en una doble violencia institucional.
2. SUAF x  Embargo: se le llama así al Sistema Único Asignaciones Familiares que las madres deben “embargar” a los progenitores (a través de un formulario de Anses llamado “Madres”) para poder cobrarlas porque ellos no se las pasan, pero ¿qué sucede? Esas Asignaciones Familiares están supeditadas al nivel de ingresos del progenitor varón, lo que lleva a que si el sueldo sube, el Suaf baja. Y si se pasa del monto de tope (estipulado hoy en unos $156 mil) directamente no hay acceso a otras ayudas como el IFE o la Tarjeta Alimentar. Son numerosos los reclamos y los grupos, en redes sociales, de madres que luchan contra este sistema injusto. Separadas o divorciadas y, en su mayoría, con incumplimiento alimentario

Teniendo en cuenta que el camino judicial para reclamar cuotas de alimentos es tortuoso y sus resultados ineficientes, si a esto le sumamos que desde Anses se desconoce esta realidad de millones de familias monomarentales en Argentina y se sigue considerando la situación fiscal y de ganancias de los varones incumplidores como parte del “grupo familiar”, estamos ante una DOBLE VIOLENCIA DE ESTADO,  DEL SISTEMA JUDICIAL Y DEL PREVISIONAL.

Confusión en la terminología que utiliza el Informe: ¿Mediar en violencias?

El trabajo del Ministerio habla de ‘violencia económico-patrimonial hacia las mujeres’ pero, propone ‘espacios de mediación comunitaria’ para que las madres resuelvan sus reclamos con los progenitores incumplidores. Desde nuestro equipo consideramos que:

Si hay violencia, existe un desequilibrio de poder que hace imposible ‘mediar´, pues la mediación necesariamente parte de la igualdad entre las partes que mediarán, para obtener un acuerdo de mutuo interés.

Y, el art. 28 in fine de la Ley 26.485 prohíbe las mediaciones en casos de violencia contra las mujeres, hallándose contemplada específicamente la violencia económico patrimonial hacia las mujeres, art. 5 inc.4to, c), que incluye los alimentos para les hijes que convivan con la mujer, como lo reglamenta el Decreto 1011/2010.

Obstáculos para el cobro de los alimentos

El informe identifica como ‘obstáculos’ para el cobro de los Alimentos al Poder Judicial. Nosotras sostenemos que el Poder Judicial, puede ser parte del problema, pero solamente una parte. Existen otros obstáculos, solo a modo de ilustración mencionamos:

• Falta de armonía normativa, por ejemplo entre la Ley 26.485, el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), la Ley de mediación, el Código Penal (delito de inasistencia alimentaria Ley 13.944), etc.
• No existen mecanismos eficientes para ejecutar sentencias de Alimentos sobre progenitores sin trabajo registrado, y/o que no perciben ingresos constantes por vía bancaria u otra, embargable. Con un mercado laboral ‘en negro’ de alrededor de un 40%, este obstáculo aparece como muy importante.
• Falta de sanciones efectivas ante el incumplimiento de la Cuota de Alimentos. Existe una resistencia por parte de operadores/as jurídicos de aplicar el delito de Inasistencia Alimentaria y de Inasistencia Alimentaria Fraudulenta (arts. 1 y 2bis de la Ley 13.944) y por lo tanto las sanciones penales prácticamente no existen contra los delincuentes alimentarios. Entonces lo que se dan son “sanciones civiles”,  leves y sin un criterio unificado. Impedir el ingreso a un club de fútbol o no renovar la licencia de conducir, inscribirlos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), etc., son mecanismos que resultan ineficaces para hacer que un delincuente alimentario cumpla con su obligación  y no constituyen sanciones serias que repriman  el delito y prevengan su repetición.
• Obligatoriedad, en muchas jurisdicciones, de acudir a la Mediación Prejudicial Obligatoria antes de poder reclamar judicialmente los Alimentos.
• Falta ‘real’ de patrocinio jurídico gratuito para el reclamo de Alimentos para les hijes. La disponibilidad de asesoramiento legal no reemplaza el patrocinio jurídico. Este es un gran debe del Estado para con las mujeres y les niñes.
• Inexistencia de una oficina gubernamental que se encargue de ‘investigar financiera y económicamente al progenitor que no pasa alimentos’ y se encargue de promover los juicios por Alimentos. Esta tarea recae en las madres que, además de tener que costear solas el mantenimiento y cuidado de sus hijes, y de tener que pagar un/a abogado/a para iniciar los trámites, deben transformarse en ‘detectives’ para obtener toda la información que el CCyCN y los Códigos de Procedimientos Civiles y Comerciales exigen para ‘demostrar’ la capacidad económica del alimentante.
• Existen madres que prefieren no reclamar alimentos para sus hijes, para evitar tener contacto nuevamente con un progenitor del que se separaron por sus agresiones.
• Hay progenitores que viven en situación de calle, son alcohólicos, adictos, están privados de libertad, están sin empleo y/o son changarines, y/o cartoneros, a quienes las mujeres creen que no pueden reclamarles Alimentos.
• Existen madres en situación de calle, que consideran que por estar en esa situación no tienen derecho a reclamar Alimentos para sus hijes.

Responsabilidad del Estado (Incluido el poder Ejecutivo)

• Si bien el Informe oficial menciona responsabilidad del Estado cuando describe: “Las respuestas ineficientes, y la indiferencia sistémica, son un problema extendido. Esto permite que la injusticia se siga reproduciendo pues, por un lado, se envía un mensaje social de tolerancia y aceptación frente al in­cumplimiento. Y por el otro, genera la sensación de inseguridad y descon­fianza en las instituciones que administran justicia. La falla sistémica ac­tual exige a las mujeres que condicionen sus vidas, y afronten en soledad las responsabilidades derivadas de la crianza y cuidado de hijas e hijos.”

• Desde este equipo consideramos pertinente subrayar que:

El art. 27 inc. 24 de la Convención de los Derechos del Niño, incluida en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22), establece que el Estado “Asegurará el pago de las cuotas alimentarias por parte de los padres no convivientes (…)”. Por Consiguiente, la solución al problema visibilizado en el informe, debe ir mucho más allá de la elaboración de guías para lograr un mejor funcionamiento del sistema judicial; ni tampoco ‘creando sistemas de mediación comunitaria´ –en la provincia de Bs.As- ´para `mediar´ la violencia de género´.

Por lo expuesto, decimos que:

• El Poder Ejecutivo debe responder ‘GARANTIZANDO’ el pago de las cuotas Alimentarias y asumiendo el rol activo de ‘perseguir tributaria y penalmente’ a los padres incumplidores. Para esto hay ejemplos de lo que hacen otros países donde el Estado se responsabiliza como acreedor de estas deudas para garantizar los derechos básicos de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
• Consideramos también que al Poder Legislativo le toca crear las leyes adecuadas para crear las Oficinas Estatales que investiguen a los deudores de alimentos y promuevan los juicios de Alimentos, liberando así a las madres de una sobrecarga que le impone el propio Estado.
• Por otra parte, ANSES debe armonizar sus normas internas con los estándares internacionales de derechos humanos, contenidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los casos Atala Riffo vs Chile, y Fornerón vs. Argentina, estableció que “existen muchas formas de familia, y que todas ellas merecen protección jurídica”. ANSES debe reconocer la existencia de las Familias Monomarentales como “grupo familiar autónomo”, y evitar relacionar los ingresos de los padres incumplidores alimentarios con las peticiones de AUH y SUAF por parte de las jefas de dichas familias.

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Bertolino Ma. Cecilia (2021). El dinero como arma de opresión patriarcal. Violencia económica y Medios. Tesis de grado para Licenciatura en Periodismo. Universidad Siglo 21.


D’Alessandre, Vanesa y Díaz Langou, Gala (12 DE JUNIO 2021). Solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. CIPPEC.

EQUIFEM. Equipo de Investigación Feminista en Género, Derecho y Justicia Social.

Hasanbegovic, C, Oliva. R.B., Cymerman, C. (2015). Varones Violentos/Estado Irresponsable: El tortuoso camino de reclamar alimentos para l@s hij@s, en: Lanari, M.E. y Hasanbegovic, C.(editoras) Mujeres de Latinoamérica: el presente en veintidós letras. EUDEM. Universidad Nacional de Mar del Plata.

INDEC (2010). Censo Nacional de Población, hogares y vivienda. (Gobierno de la República Argentina) Cuadro H15. Total del país. Hogares por cantidad de personas en el hogar, según sexo del jefe y tipo de hogar.

*CLAUDIA HASANBEGOVIC:  Ph.D. in Social Policy (doctora en Políticas Sociales), School of Social Policy, Sociology and Social Research, University of Kent at Canterbury (UKC) Inglaterra; Master of Arts en Women and Development, Institute of Social Studies, La Haya, Países Bajos; Diploma en Género, Institute Frauen Universität, Hanover, Alemania; Abogada, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNLZ, formada como Investigadora de crímenes sexuales y de género como crímenes internacionales (ONU Mujeres, Institute of International Criminal Investigation, JRR), formada como docente universitaria (UKC), y en Mediación (CPACF). En la Argentina, ejerce la profesión de abogada representado sobrevivientes de violencia de género. Es desde hace 19 años consultora internacional en materia de políticas públicas de igualdad de género y por una vida libre de violencia para las mujeres, habiendo realizado estudios comparativos de Planes Nacionales de lucha contra la violencia de género; estrategias para la Igualdad de Género; sistemas de asistencia a mujeres y niñas víctimas de violencia; etc., con la cooperación internacional (UNFPA, UN Women, AECID, etc) en Cuba, El Salvador, Uruguay, y Argentina. Es asesora ad honorem de legisladoras/es en esta temática, habiendo formado parte de la comisión ad hoc de la sociedad civil que contribuyó a elaborar la reglamentación de la ley 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres contra la violencia”. También asesoró a la comisión legislativa que redactó la ley XV No 12 de “Prevención de la Violencia Familiar de Chubut”. Ejerció la docencia universitaria en Inglaterra, en las University of Kent at Canterbury y Sussex University, y de grado, postgrado, y doctorado en UNLZ, Chiapas, Messina-Brasil, UNSAM, UNMar del Plata. Desde 2014 es docente en el postgrado de “Actualización en Género y Derecho”, que dirige la Dra. Diana Maffía, UBA.  Investiga y publica en temas relacionados con derechos humanos y género, violencia de género, sociología jurídica, y políticas públicas.

*MA. CECILIA BERTOLINO: Licenciada en Periodismo. Certificación en Sustentabilidad. Universidad Siglo 21. Cursó estudios de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario, en la UBA y la Universidad del Salvador (Buenos Aires). Se especializa en Periodismo con perspectiva de género desde el año 2012. Referente y activista #Niunamenos regional en el Partido de Pinamar y Costa Atlántica. Colabora con agrupaciones de la sociedad civil y Ong´s contra las violencias de género, en la promoción de ordenanzas con perspectiva de género y capacitaciones como la Ley Micaela. Brinda charlas sobre VdG e Incumplimiento Alimentario. Obtuvo reconocimientos del Ejecutivo, Legislativo y agrupaciones civiles por su aporte en el Día Internacional de la Mujer. Directora y redactora del medio digital “Identidad Feminista”. Integrante de “Familias Monomarentales”. Integrante de Red Par (Periodistas en Red por una comunicación no sexista).