Se dictó el sobreseimiento sobre Martín Yeza, Nora Ponce, Javier Tumas y Cecilia Pecarrere. Estaban Imputadxs por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. La banda que concretó el robo sigue detenida y en proceso de sentencia firme. Todos los detalles en la nota.
El 18 de marzo del 2021 la Policía Federal allanó la sede de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pinamar y otros domicilios. Detuvo a 6 personas durante esa mañana. La noticia fue un escándalo y se supo, en primera instancia que robaban fondos de las Tarjetas Alimentar . En el allanamiento fueron detenidas dos empleadas municipales pertenecientes a la Dirección que tenía a su cargo la entrega de las tarjetas y 4 hombres vinculados al ilícito.
En principio la investigación estuvo a cargo del Fiscal Mario Pérez de Dolores, Unidad Funcional Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios (UFEC), quien ordenó el allanamiento. El 5 de mayo del 2021 se dictó el procesamiento de Andrea Daniela RIOS (empleada municipal), José FONS (su esposo), Nicolás Carlos Francisco AMBAO, Diego Antonio BOREA y Carlos Fabián ROSAS, por considerarlos prima facie penalmente responsables como miembros de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos, en concurso de real con el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional (arts. 210 y 174 inc. 5° C.P.). Luego, la causa quedó en manos del Juez Federal de Dolores, Martín Bava.
Hasta allí la investigación dejó en evidencia que Andrea Ríos (secretaria privada de la funcionaria - Nora Ponce - que tenía a su cargo las tarjetas) había sustraído al menos 55 plásticos y se los había entregado a su marido y al resto de la banda, quienes pasaban las Tarjetas Alimentar por dos posnet fantasmas que simulaban comercios de alimentos. De ese modo, un monto de 2 millones de pesos, aproximadamente, habían sido desviados a cuentas bancarias a nombre de dos de los integrantes. Toda la operación había llevado meses de organización desde que comenzó la pandemia y se entregaban las tarjetas (abril 2020) hasta el mes de noviembre en que sustrajeron el dinero.
La comunidad indignada salió a las calles a manifestar luego de un año de pandemia donde las agrupaciones civiles, políticas y no gubernamentales sostenían las ollas populares y sabían que este Plan de tarjetas del gobierno Nacional (“Argentina contra el hambre”) venía a cubrir apenas una parte de las necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Aparecieron públicamente algunas mujeres damnificadas por el robo y dieron su testimonio, como fue el caso de Ivanna Giselle Mordillo.
Se pidieron respuestas el Ejecutivo ya que lxs funcionarixs del área en cuestión y el mismo intendente no habían iniciado sumario administrativo ni se habían pronunciado al respecto hasta que todo fue de público conocimiento. Javier Tumas, Secretario de Desarrollo Social por entonces, y Nora Ponce, Directora del área responsable de las tarjetas, fueron interpelados por el Concejo Deliberante, pero el bloque de Cambiemos (con mayoría) rechazó la interpelación hacia Yeza. Había contradicciones en los relatos de ambxs funcionarixs, y algunos hechos que `hacían ruido´ en la comunidad, como el hecho de que Nora Ponce había sido removida del cargo y de las oficinas de Desarrollo Social un mes antes de todo el operativo policial que hizo público el escándalo, y Martín Yeza le había creado un cargo nuevo bajo su órbita. Todo hacía suponer que ya venían preparando el desligamiento de Ponce de su área específica para que no estuviera ahí el día del allanamiento, ni ella ni sus elementos de trabajo. Luego llegó la noticia de la imputación de Tumas y Ponce y el llamado a indagación hacia el intendente de Pinamar.
Finalmente, este 25 de agosto 2022, el Juez Federal de Dolores Martín Bava, dictó el sobreseimiento sobre Yeza, Ponce, Tumas y Cecilia Pecarrere (ex empleada municipal). En palabras del Juez:
“Entiendo que los elementos del sumario son suficientes, relevantes y determinantes para sostener -válida y objetivamente- que corresponde desvincular a Cecilia Noemí Pecarrere, Nora Analía Ponce, Javier Simón Thumas y Martín Iván Yeza de las conductas que se le endilgaron en su momento y -en consecuencia dictar sus sobreseimientos en los términos del art. 334 y 336 inc. 4 C.P.P.N., toda vez que -adelanto- se ha podido comprobar que ellos no participaron en los hechos que conformaron la hipótesis principal del sumario.”
“…recordemos que la hipótesis de investigación se circunscribió en conocer las conductas realizadas por una organización de personas que -de modo coordinado, permanente, estable, con roles y funciones diferenciadas, y mediante maquinaciones y ardides- se dedicó a cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública Nacional y en contra de personas en situación de vulnerabilidad que eran beneficiarias de los programas…”
El documento del Poder Judicial Federal de Dolores contiene 77 fojas donde el juez se expide en detalles sobre cada imputadx. Aquí, un resúmen.
Cecilia Pecarrere
Era empleada contratada en el área y trabajaba para Nora Ponce. Andrea Ríos era una de sus compañeras. Quedó imputada y detenida en el allanamiento de marzo 2021, estuvo presa 14 días y la pasó mal, es madre sola de dos niños. La municipalidad la despidió apenas inició todo. Tuvo ayuda de familia y amigxs para sostenerse y esperar finalmente esta sentencia definitiva de inocencia.
Había quedado ligada a la organización delictiva por una transferencia de $10.000 (que figuraban en su cuenta bancaria) desde una de las cuentas donde malversaban los fondos de las tarjetas. El juez entendió que las pruebas eran suficientes para dictar la falta de mérito en el delito:
“En concreto explicó que el registro bancario que tenía en su cuenta bancaria por la suma de $ 10.000 y que la vinculaba con una transferencia bancaria con la cuenta del Sr. Rosas, respondía a una deuda de dinero que Andrea Ríos -su compañera de trabajo en la Municipalidad de Pinamar- le saldó. Señaló que le había prestado su tarjeta de crédito a ella para que compre extensiones de pelo para su hija y dijo que en ese momento no advirtió que la cuenta desde la cual aquella le hizo la transferencia, pertenecía a Rosas.”
“…De ese modo, la valoración del informe de vinculación comunicacional, a la luz del relevamiento y examen integral de las comunicaciones y conversaciones que fueron extraidas de su teléfono celular por parte de la División Pericias Telefónicas de la P.F.A., como también en función de los resultados extraídos por la División Pericias Informáticas y Electrónicas, da cuenta que los elementos y dispositivos electrónicos peritados no registran conversaciones, archivos o documentos digitales que aten a la nombrada con los hechos…”
Cecilia Pecarrere “cayó en la volteada” - como se dice en la jerga y las consecuencias no fueron pocas.
Javier Tumas
Era el Secretario de Desarrollo Social del cual dependía la Dirección de Nora Ponce a cargo de las tarjetas Alimentar. De sus relatos e indagatoria pública ante el Concejo Deliberante surgían contradicciones con el relato de Ponce. Y, según consta en el expediente del juez Bava, no tenían una buena relación laboral, motivo por el cual se entendió el por qué no había sido notificado de los faltantes con las tarjetas, ya que Ponce había detectado en noviembre 2020 las primeras irregularidades pero lo había hablado directamente con el ejecutivo. Agrega el magistrado:
“Además en los distintos registros domiciliarios que realizó la justicia local no se secuestraron elementos (archivos, agentas, registros, anotaciones, etc.) que los vinculen con las maniobras ilícitas investigadas. Finalmente debo destacar que el relevamiento y examen integral de las comunicaciones y conversaciones que fueron extraídas de los teléfonos celulares secuestrados a Ríos, Fons, Rosas, Borea y Ambao, por parte de la División Pericias Telefónicas de la P.F.A., ha dado cuenta que no existen conversaciones que liguen a Tumas y Ponce en la hipótesis de pesquisa, esto es, asociadas a la sustracción de tarjetas alimentar para extraer ilegalmente los fondos públicos…”
Nora Ponce
Tenía a su cargo la Dirección Gral. de Gestión y Coordinación Territorial ( de la Secretaria de Desarrollo Social ) del Municipio de Pinamar donde se encontraban resguardadas las “tarjetas Alimentar”. Andrea Ríos era su secretaria privada. Según las declaraciones que constan en el documento, Ponce sabía de las irregularidades con algunas tarjetas desde el mes de noviembre 2020 y denunció pero no lo hizo público. Estuvo en esa Dirección unos meses más hasta que, un mes antes del allanamiento de la Policía Federal (18-03-2021), cambió de Dirección y espacio físico. Se creó la Dirección de Economía Social bajo la órbita del ejecutivo. Así lo expone el magistrado:
“Declaró que se llevaba las tarjetas a su casa pero en octubre sufrió un robo en su domicilio por lo que decidió empezar a dejar las tarjetas en su oficina bajo llave. En noviembre 2020 una persona reclamó x su tarjeta y ahí fue donde detectó irregularidades porque había movimientos en esa tarjeta y detectó esos movimientos. Luego avisó al Ministerio de Desarrollo de Nación, al Bco Pcia , al asesor letrado municipal y realizó la denuncia en la Fiscalía de Calderón. Agregó que el 18 de marzo del 2021 se enteró del allanamiento a la Dirección porque la Sra. Ríos la llamó por teléfono, aclaró que ella -para ese tiempo- ya no trabajaba más en ese lugar, porque la habían transferido al área de Economía Social.”
“Puntualizó que toda la situación la tomó por sorpresa, que nunca tomó los fondos públicos, que desarrolló sus labores con responsabilidad y diligencia, y que nunca pensó que iban a abusar de su confianza.”
“…datos que se condicen con lo denunciado por Ponce ante la Fiscalía provincial (ver la denuncia de fecha 30/11/2020 en el expte. digital). Igualmente, del examen que realizaron los expertos sobre las computadoras de la Dirección municipal en cuestión, se pudo constatar la existencia de un archivo denominado “informe tarjeta alimentar para el intendente yeza” (del 07/12/2020) consistente en una nota dirigida por Ponce donde se describen las irregularidades detectadas en la falta de fondos en las tarjetas que estaban bajo custodia de la Municipalidad, lo cual evidencia “prima facie” que Ponce puso en conocimiento de sus superiores lo sucedido, es decir parece que en ningún momento trato de ocultarlo”.
Martín Yeza
Los bloques opositores pidieron la indagación pero al tener la mayoría (Cambiemos) en el Concejo Deliberante, fue rechazada. Luego, fue citado a declarar ante el Juez Federal por resultar acusado de:
“En su calidad de Intendente de la Municipalidad de Pinamar, tuvo conocimiento de los hechos expuestos y no obró conforme lo esperado según los convenios celebrados entre el Municipio de Pinamar y el Banco Provincia (21/04/2020 y 29/10/2020), la Ordenanza Municipal Nº 5656/2020, el decreto ley 6769/58 y la Sección VII de la Constitución de Provincia de Buenos Aires, toda vez que no adoptó las medidas administrativas que su cargo exigía para controlar la correcta ejecución e implementación del Programa Tarjetas Alimentar y no promovió las actuaciones administrativas que correspondían a fin de deslindar las responsabilidades administrativas de los empleados y funcionarios municipales que participaron tanto de la sustracción de fondos públicos de las 55 Tarjetas Alimentar como de la omisión de los deberes de vigilancia y custodia que el cargo exigía, encubriendo y ocultando los hechos expuestos”.
El intendente declaró que Nora Ponce fue puesta en el cargo de Desarrollo Social por el HCD y no por él. También especificó que Ponce le había informado que algo estaba pasando con algunas tarjetas y él le sugirió hacer la denuncia. Aclaró que nunca sospecharon de una persona/empleada y creyeron que era un problema del sistema de entregas del Ministerio de Nación, motivo por el cual no hicieron sumario administrativo, hasta que llegó el allanamiento. Cita el documento:
“Agregó que no conoce a ninguna de las personas involucradas en el asunto y que el sumario administrativo se hizo con posterioridad, cuando la investigación fiscal pudo determinar las personas que habían participado en los sucesos y una vez que se reunieron los elementos para ello.”
“…observo que sus manifestaciones se encuentran corroboradas no solo con las declaraciones de los testigos mencionados (Adrián Leonel Osvaldo Luciano -su secretario privado-, Martín Alberto Rapallino -el Asesor Letrado de la Municipalidad desde el 2015- y Federico Panzieri -Jefe de Gabinete al tiempo de los hechos-) sino también con las explicaciones que brindó en su descargo la Sra. Nora Ponce y la documentación que obra en autos.
Los 5 imputadxs
Ríos, Fons, Ambao, Borea y Rosas siguen imputadxs y en prisión domiciliaria, según fuentes cercanas a la causa. Se espera la sentencia firme.
Quedan preguntas…
Desde esta redacción seguimos de cerca la investigación mientras estuvo a cargo del Fiscal Especializado en delitos de corrupción (Dolores) pero luego se acotó la información al pasar al fuero Federal. Consideramos pertinente informar con veracidad y detalle esta causa por los valores sociales que involucra y el interés público. Es por ello que no podemos obviar preguntas que quedan abiertas:
- ¿Por qué Nora Ponce fue removida del área en cuestión un mes antes del allanamiento y se le creó un cargo inexistente hasta ese momento?
- ¿Quién quedó como responsable de las Tarjetas durante ese tiempo si supuestamente no sospechaban de nadie dentro del municipio?
- ¿Por qué no se encontraron computadoras de Ponce y Ríos en la dependencia municipal al momento del allanamiento?(*)
(*cita del documento de sentencia
“…la D.U.O.F. División contra la Corrupción de la P.F.A. analizó e informó sobre los distintos archivos que observó en las computadoras que usaban Tumas, Pecarrere y las asistentes sociales (Tetaz, Gomez y Jimenez González) toda vez que las computadoras que usaban para trabajar Ponce y Rios no estaban más en ese lugar (según informaron los funcionarios policiales al tiempo de realizar el allanamiento y registro en la Secretaría de Desarrollo Social).”
- ¿ Por qué no se tomaron en cuenta los relatos de mujeres damnificadas (beneficiarias de las tarjetas Aliementar) cuando esta redacción las escuchó que fueron repetidamente, durante meses (de abril a noviembre), a reclamar sus plásticos a la Dirección en cuestión?
- ¿Se devuelve el dinero robado de los fondos públicos, al Estado Nacional y a lxs damnificadxs?
Expresa Web